A quién beneficia la fragmentación tributaria?

Con la Ley de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) el Parlamento de Cataluña recupera el músculo nacionalista que exhibió en la noche del 30 de septiembre de 2005 cuando aprobó su proyecto de Estatuto de Autonomía, parcialmente recortado después en las Cortes Generales y pendiente del arreglo final que llevará a efecto, un siglo de estos, la sentencia del Tribunal Constitucional cuando resuelva los numerosos recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Estatuto.

La Ley de la ATC, aprobada con el acuerdo de los grupos parlamentarios que dan apoyo al gobierno catalán y por CiU, vuelve a caer en el exceso nacionalista que, más tarde o más temprano, se tornará decepción porque es imposible que ningún Gobierno de la Nación responsable acceda a las pretensiones de esa Ley: la constitución de una Administración Tributaria Unica en Cataluña que recaude todos los impuestos.

He dicho responsable... pero no se puede descartar que un Gobierno atenazado por la necesidad del pacto con las fuerzas nacionalistas o centrifugadoras del Estado pueda acceder a ello, ese sería el principio del fin del modelo tributario español que configura la Constitución Española. Esta circunstancia hace ahora mas imprescindible que nunca la presencia en las Cortes Generales de la idea de la España solidaria y cohesionada que representa Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; nuestro partido puede evitar que la llave de las mayorías parlamentarias que determinan gobiernos esté en poder de quienes defienden un Estado anoréxico. En las próximas elecciones generales los españoles tendrán oportunidad de hacerlo posible.

En la tramitación de esa ley se ha aplicado uno de los principios básicos del guión nacionalista: el salto adelante mediante la elusión normativa. En este caso, la pértiga de referencia ha sido el artículo 205 del Estatuto del Parlamento del 30 de septiembre que decía: «Todos los impuestos soportados en Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, salvo los de naturaleza local». Este precepto fue sustituido por el artículo 204 del vigente Estatuto que distingue entre la gestión, recaudación, liquidación y la inspección de todos los tributos propios de la Generalitat, y de los tributos cedidos totalmente por delegación del Estado que corresponde la Agencia Tributaria de Cataluña y los de aquellos otros no delegados por el Estado que son correspondencia de la Administración Tributaria del Estado. La gran alianza nacional-soberanista se ha liado la manta -perdón, la Agencia a la cabeza y ha preparado un artefacto que omite la existencia de la Administración Tributaria del Estado. A pesar de sus intenciones, es evidente que la AEAT está también en Cataluña y que es conveniente que gestione, recaude, liquide e inspeccione los impuestos que son competencia del Estado. Algunos datos son especialmente esclarecedores de la voluntad de los aliados: no han querido incluir en la ley apelación alguna sobre la unificación de criterio en relación con las reclamaciones económico-administrativas que según el Estatuto de 2006 es competencia de la Administración General del Estado, ni tampoco han deseado promover un sistema común de informática tributaria con una única base de datos para toda España que sirva para combatir eficazmente la lucha contra el fraude fiscal, a pesar de que las distintas Asociaciones de Inspectores y Subinspectores consideran que es imprescindible contar con ese instrumento.

Lo peor de todo es que la perseverancia nacionalista deja la puerta abierta a la fragmentación de la agencia tributaria estatal -un reloj que funcionaba razonablemente bien y que, incluso, era referente para algunos Estados federales- en una serie de consorcios regionales cuasi-independientes que podrían llegar a gestionar todos los tributos, incluyendo los que ni siquiera están cedidos parcialmente (Sociedades) y otros (especiales e IVA) cedidos parcialmente pero que serían muy difíciles de gestionar eficientemente en esas condiciones. De hecho, algunos consejeros de comunidades autónomas ya se han apuntado a la subasta de la AEAT y la Secretaría de Política Autonómica del PSOE tampoco ha puesto demasiadas pegas al experimento.

El cambio es sustancial, la AEAT impulsada por el ministro socialista catalán, Josep Borrell, puede ser dinamitada gracias a la labor de algunos parlamentarios catalanes. La creación del consorcio catalán, por el efecto de emulación tan grato a las comunidades autónomas, traerá de la mano otros consorcios regionales en los que los poderes autonómicos puedan intervenir y la cercanía, en estos casos, no siempre es garantía de eficacia. Estos consorcios necesitarán coordinarse entre sí y con la Administración estatal mediante acuerdos políticos no siempre fáciles. La cohesión del Estado sufrirá una nueva erosión con la creación de pequeños espacios «propios» de gestión tributaria. Desde luego, no es la eficacia y la eficiencia de la gestión pública ni la mejora de la recaudación los fines que sustentan la reforma. A partir de ahora, habrá más funcionarios, más dependencias públicas, más confusión, menos coordinación y un aumento de las oportunidades de fraude fiscal.

Curiosamente, en el preámbulo de la ley de la ATC se alude a la necesidad de evitar la fragmentación tributaria en Cataluña y por ello se defiende una única Administración tributaria. Tienen razón, sería recomendable que existiese un único ente tributario, pero no sólo en Cataluña sino en toda España. A Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía nos preocupa más la fragmentación tributaria en el conjunto de España, esto es, que dentro de poco puedan existir 17 entes diferentes que recauden los mismos impuestos de forma autónoma.

Lamentablemente, para la coalición nacional-soberanista la eficiencia, la calidad del servicio a los ciudadanos y la lucha contra el fraude es secundaria, porque lo determinante es el incremento de las competencias y disolver la Administración del Estado en Cataluña.

Hay un trabajo publicado por la propia Generalitat en el que se realiza un análisis de los modelos de gestión tributaria existentes en tres países federales (Alemania, Canadá y USA). El estudio concluye entre otras cosas que el sistema alemán (muy parecido al que ahora se pretende instaurar, con múltiples agencias regionales) no es precisamente un modelo a imitar. El informe se decanta por el modelo canadiense, en el que la mayor parte de las provincias han delegado la gestión de sus tributos propios más importantes en la agencia tributaria federal con el fin de ahorrar costes.
La gran excepción a este patrón es Quebec, por razones identitarias.

En definitiva, las ventajas del modelo impulsado brillan por su ausencia y, además, puede ser declarado inconstitucional..

José Domingo.

Diputado de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en el Parlamento de Cataluña : Ley de la Agencia Tributaria Catalana (ATC)

Cataluña, El Mundo
23 julio 2007