La Agencia Tributaria de Cataluña como síntoma

Dos declaraciones importantes ayudan a situar la recién aprobada ley en el Parlamento catalán que establece la Agencia Tributaria propia. El consejero de Hacienda, Castells, del PSC, manifestó que “lo aprobado va más allá del Estatut”. El vicepresidente Solbes señaló su respeto por lo aprobado añadiendo, “pero tengo que cumplir lo que se ha aprobado en el Parlamento español”. Lo primero se sitúa en la estela de las declaraciones de políticos catalanes tras la aprobación del Estatut cuando insistieron en que era el comienzo para nuevas reivindicaciones. Lo segundo parece un reconocimiento implícito de lo opuesto de ambas normas. Pero, después de esto, el Gobierno no hará nada, podemos estar seguros.

El Parlament ha aprobado, con acuerdo sociovergente entusiasta, esta norma, cuando aún esta pendiente la decisión del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del Estatut. Está claro que hay un doble objetivo. Primero, presionar al Tribunal con hechos consumados. Segundo, combatir la política de freno echado por algunos ministerios en Madrid que, con buen criterio, tratan de discutir y ralentizar la aplicación del mismo, conscientes los altos funcionarios de la gravedad de estos temas y su impacto en el vaciamiento del Estado central con sus secuelas de ineficacia y desigualdad. Quizá más de un ministro no quiere pasar a la historia entre los responsables del desaguisado.

La gravedad de lo aprobado va más allá de su propia trascendencia, que es mucha pues se trata de dineros, de la Hacienda, una de las irrenunciables señas de identidad de todo Estado. Es grave, además, como síntoma y prueba de una carrera en la que ya participan todos los gobiernos autonómicos, sean del signo político que sean. No sólo en el campo hacendístico sino en otros absolutamente claves como el de la lengua y la educación (se reactiva y amplifica la “inmersión” del catalán, comienza en septiembre la del euskera y se anuncia la del gallego) o en declaraciones pintorescas pero sintomáticas como las recientes de varios nuevos consejeros en Baleares, aupados por los socialistas.

No es fácil hacer un balance del Estado de las Autonomías, pues los juicios de valor impregnan cualquier conclusión. Pero, sobre todo a partir de la aprobación reciente del Estatut, está claro que si ese balance “ha sido” (en pasado) hasta ahora beneficioso, a partir de ahí se está trasformando en su contrario, en algo muy perjudicial. El vaciamiento del Estado, ese convertirlo en “residual” como acertadamente diagnosticó uno de su responsables más directos, Maragall, tiene altísimos costes de todo tipo que gravan a todos los ciudadanos. Es hora no sólo de echar el freno sino de volver marcha atrás lo que, en algunos temas, es relativamente sencillo jurídicamente aunque los obstáculos políticos, por el objetivo de todos los nacionalistas o asimilados de alcanzar o mantener sus parcelas de poder, son formidables.

Toda construcción federal, véase por ejemplo el caso de Estados Unidos, se basa en la lealtad al Estado de todas las partes como requisito imprescindible. Eso aquí no existe y es lo que exige medidas drásticas y rápidas. Para empezar, una decisión del Tribunal Constitucional, campo de batallas de todo tipo, incluso jurídicas. Pero eso no exime a los dos principales partidos de su enorme responsabilidad al no ponerse de acuerdo para encarar seriamente y con responsabilidad histórica este tema. Inmediatamente después de la aprobación por el Parlamento del Estatuto catalán, un ministro escribió un artículo cuya tesis era ¿ven ustedes cómo España no se rompe a pesar de esa aprobación? Por supuesto que las cosas no se rompen inmediatamente sino que lo van haciendo, como iremos viendo si alguien no lo remedia, cuando esa y otras normas (y muchas prácticas administrativas) se van aplicando a lo largo del tiempo.

Uno recuerda aquella situación de la orquesta del Titanic que seguía tocando en cubierta mientras el barco se iba hundiendo…


Luis de Velasco 16-07-2007 Estrella Digital