Félix de Azúa: 'Veloz progreso hacia el pasado'

Uno de los muchos vizcaínos huidos de la represión política vascongada y que vive en Cataluña desde hace 30 años me contaba la semana pasada lo siguiente. Tiene él un amigo, excelente profesional y persona bien situada, que adolece de un profundo sentimiento nacional y es separatista desde sus años universitarios. Ello no ha impedido en ningún momento que se lleve bien con el vasco, persona más bien escaldada en ese terreno y poco dada a la expansión patriótica. Sin embargo, según me dijo, el tono de las conversaciones ha ido variando a lo largo de este año que ahora termina. En su último encuentro, el educado ciudadano catalán le había dicho con gesto ufano que la independencia sería inevitable en un plazo de seis años y que tal era el cálculo de los partidos nacionalistas, no sólo los fanáticos y el de la derecha católica, sino también buena parte de los socialistas catalanes acomodados. Mi amigo tragó saliva y le preguntó si había planes, también, para ellos. “¿Para quiénes?”, preguntó el separatista. “Para los españoles que vivimos en Cataluña”. “¡Oh, por supuesto! Tendréis 20 años para elegir”. Mi amigo insistió, con una sonrisa, sobre qué era lo que tendría que elegir. Su colega dejó escapar una alegre carcajada, le dio unas palmaditas en el hombro y se fue hacia otra mesa.

Hay en Cataluña una masa significativa, quizás en este momento en torno al 20% de la población, que piensa muy seriamente como el caballero separatista y ocupa lugares estratégicos del sistema económico, mediático y político catalán. La cifra se ha multiplicado durante el Gobierno de Zapatero, precisamente por lo comprensivo que ha sido con las exigencias separatistas. Como saben bien quienes han conocido las peores etapas vascas, las concesiones sólo sirven para estimular las exigencias porque siempre se interpretan como debilidad. La consigna nacionalista dice que fue la intransigencia de Aznar lo que multiplicó a los separatistas, pero lo cierto es que ha sido Zapatero quien ha construido a Montilla y con Montilla llegaron los referéndums soberanistas. ¿Que no son vinculantes y que no llevan a ningún sitio? ¡Menuda simpleza! La política pública (otra cosa son los negocios subterráneos) es exclusivamente mediática y para los medios nacionalistas (que aquí son (casi) todos) Cataluña ya se ha volcado en la secesión.

Lo peligroso de la independencia no es el hecho en sí. ¿A quién le importa que de la noche a la mañana aparezcan en el mapa Macedonia, Croacia o Kosovo? Lo inquietante es el tipo de poder que se instala en esos reductos. Las “nacionalidades” de nueva creación son productos etiquetados con el sueño de una idealización, y el peso de su publicidad (en ausencia de guerra, las naciones se venden como mercancías) descansa sobre mitos o sobre sucesos que tuvieron lugar hace siglos. Como no puede ser de otro modo, los nacionalismos son muy conservadores, están anclados en el pasado y tienen una sólida base burguesa. Cada paso hacia la independencia trae consigo colosales negocios locales. Así es el nacionalismo franquista, el lepenismo francés, el de la Liga Norte o el de los xenófobos septentrionales. Nadie ha conocido jamás un nacionalismo obrero. Frente a esta evidencia, los separatistas suelen aducir el nacionalismo de las viejas colonias como Cuba o Argelia y sus derivados tipo Chávez. Me parece más prudente no pisar ese charco de sangre.

El neonacionalismo actual, como el catalán o el vasco, pertenece al conjunto de presiones derechistas que quieren acabar con los restos cívicos de la Transición. Es un regreso a la sociedad pre-democrática controlada por los poderes feudales regionales mediante la secular alianza del campesinado con la oligarquía. De ahí la importancia que tiene entre los separatistas la palabra “pueblo” y la escasa atención que dan al término de “ciudadano”. De ahí también la constante animización mágica del catastro, “Cataluña exige, Cataluña ha dicho, Cataluña ha decidido…”, o la obsesión con el folklore inventado por las élites regionalistas del romanticismo. Y no es de extrañar que el primer referéndum independentista del pasado domingo se celebrara en un pueblo de 120 habitantes. Su independencia es ontológica, o sea, no tiene remedio. Es el símbolo supremo de la nación añorada: agraria, montañesa, minúscula, la puede gestionar un párroco.

Ahora bien, la independencia real, lo que suele denotarse con el término “soberanía” que tanto usan los nacionalistas catalanes, significa asumir la plena capacidad legal para declarar el estado de excepción, según la clásica definición de Carl Schmitt. Son muy recomendables las reflexiones de Giorgio Agamben comentando a Walter Benjamin sobre este punto en el recién traducido El poder del pensamiento (Anagrama). Suspender la legalidad vigente de modo legítimo es lo propio del soberano, sea éste una persona o una institución. De hecho, los nacionalistas de Montilla ya están legalizando a toda prisa un Tribunal Constitucional catalán para cuando suspendan la Constitución española. No sabemos, de todos modos, si estos soberanistas están dispuestos a plantear el estado de excepción prescindiendo de un Ejército de respaldo y contando tan sólo con la presión mediática y económica. Se han dado escisiones pacíficas, como la de la nación llamada Eslovaquia, y es posible que un proceso semejante pueda aplicarse en el futuro a Chipre para separar a turcos de helenos, pero creo dudoso que sirva para España, aunque sólo sea porque en otras regiones hay un nacionalismo español tan radical como el catalán o el vasco y de similar ideología. Es cierto que está permanentemente controlado y apenas representa peligro alguno, pero dudo de que se quede sentado mirando la tele cuando se le arranque una cuarta parte de lo que él considera que es su nación.

En cambio, el caso vasco lleva camino de emprender otro derrotero mediático a partir de la expulsión del PNV de los resortes económicos del Gobierno autonómico, aunque no de todos. Allí, los socialistas han tomado una posición coherente con la tradición de la izquierda europea y, de momento, mucha gente respira aliviada por primera vez desde hace medio siglo. La peculiaridad del caso catalán es que el partido socialista (que escribe su logo con esta grafía: psC para subrayar que son más catalanes que socialistas) era el órgano que debía corregir la deriva conservadora, constituida en verdad como un movimiento nacional en consonancia con la herencia rural y oligárquica del nacionalismo catalán. Sin embargo, y contra toda la herencia ilustrada, progresista o revolucionaria del partido, los socialistas catalanes (en realidad, tan sólo su acomodada cúpula dirigente) han asumido en los últimos cinco años los mitos del nacionalismo conservador y rural, su lenguaje se ha vuelto casi exclusivamente sentimental y apenas se distingue del de sus socios separatistas.

Este giro derechista del socialismo catalán, no obstante, parece compartido por el Gobierno de Zapatero, cuya errática e improvisada política va deslizándose paulatinamente hacia posiciones de una irracionalidad incompatible con la experiencia del socialismo europeo. Un populismo, una obsesión por el espectáculo, una cerrazón sectaria, una frivolidad moral, que han otorgado fuerza inesperada a las oligarquías regionales sin obtener absolutamente nada a cambio. Este periodo de gobierno socialista se cerrará con tan sólo dos leyes que puedan considerarse más o menos progresistas: la que permite el aborto de las adolescentes sin permiso paterno y la que concede el matrimonio a las parejas homosexuales. Las pérdidas, como es evidente, tienen otro monto. El balance es desolador.

Quién nos iba a decir a quienes fuimos votantes del socialismo catalán que algún día sentiríamos envidia del País Vasco. Y quién nos había de decir que serían los socialistas catalanes quienes precipitarían en el descrédito al socialismo español.

Félix de Azúa .

El nacionalismo es de mal llevar con la discusión pública

Les dejo con una parte del artículo, El fardo de la transición de Felix Ovejero, donde hace un esclarecedor análisis de nuestra democracia y, de la sociedad civil y política española, desde la transición hasta hoy, en un artículo no demasiado expenso y fácil de leer. Se puede leer entero, pinchando aquí.

La parte que he elegido para el post, trata sobre la imposibilidad que tienen los nacionalismos para vivir en sociedades democráticas libres, y su carencia de argumentos razonados, basados, esencialmente, en sentimientos privados.

Félix Ovejero Lucas

El nacionalismo es de mal llevar con la discusión pública, con la deliberación política. Por dos razones por lo menos. Por el territorio que pisa, la apelación a la emoción como principio de justificación, y por el ámbito de justicia que invoca, porque el interés general le trae al pairo, porque sólo le importa lo suyo y no lo oculta. Dos circunstancias que hacen imposible la exposición pública de razones.

En la estrategia nacionalista la apelación a la emoción cancela la posibilidad de las réplicas. El proceder nacionalista busca acondicionar la plaza pública de tal modo que asegure la preservación de un sentimiento de identidad que los nacionalistas atribuyen a todos los que viven cerca de ellos. Los ecosistemas sociales deben recrearse para que ellos puedan dar curso a su sentimiento de identidad. Para que ellos puedan “vivir en su propia lengua” los demás deben contestarles en su lengua. En el parecer de los nacionalistas, sus vecinos están obligados, si no a sentir lo que los nacionalistas, a actuar de tal modo que se asegure la preservación del sentimiento de los nacionalistas, a cumplir un papel en la función escrita por y para los nacionalistas. Por ejemplo, a contestarles en su propio idioma. Una estrategia política como cualquier otra. El problema, desde el punto de vista de la deliberación democrática, es que cuando se discute esa política de imposición del sentimiento –que no el sentimiento –, se truena –que no se razona, porque no cabe razón alguna – “porque se está ofendiendo a los sentimientos”. Unos sentimientos que, se precisa –y aquí viene el golpe de astucia –, “como todos los sentimientos, son privados”. Esto es: se hace política, ingeniería pública, pero se echa mano de un territorio al que, según se dice, no cabe pedirle explicaciones: “lo íntimo”, el coto vedado de la privacidad. Ni más ni menos, como los curas, cuando tercian sobre la educación, el matrimonio y mil cosas. Eso sí, con menos hondura.

La otra razón de la falta de razones apunta, y mata, al corazón del ideal democrático. En su mejor versión, en la democracia, los ciudadanos o sus representantes criban las discrepancias y los conflictos de interés en discusión compartida, con criterios idealmente imparciales. Unos dirán que los recursos se deben destinar a los A porque los A los necesitan más que nadie y otros dirán que los B. Estarán en desacuerdo pero sin dejar de compartir un principio de comunidad política y de justicia: que los recursos han de ir a quien está más necesitado. Incluso los que tienen innobles motivaciones, cuando defienden una propuesta, en el debate político inexorablemente tienen que apelar a los principios de justicia, al interés común y, por ende, están expuestos a que les muestren que las cosas no son como cuentan, que, bien pensado, la justicia o el interés común recomiendan atender otras propuestas. Los que invocan al interés general están obligados a someterse al interés general, esto es, a descartar sus propuestas si no se acompasan con los principios que ellos mismos utilizaron. Es el camino que conduce de la democracia a las leyes justas, el de la deliberación.

Balanzas Fiscales una coartada para el privilegio

Exigir más para el que aporta más no es de izquierdas:

Pedir que los impuestos se queden donde se recaudan atenta contra la finalidad social de la redistribución de la riqueza: no es de izquierdas. En un estado social cada cual paga según su capacidad y recibe según su necesidad.

No se deben generar desigualdades en función de lo que aporta cada uno. No tiene sentido que Nou Barris o el Raval robe a Pedralbes o Vallecas robe al barrrio de Salamanca porque aporten menos impuestos en relación a lo que reciben. Ni que Cataluña robe a la UE por recibir 8.600 millones de euros en fondos de cohesión.

Los nacionalistas exigen balanzas fiscales para hacer creer que “España roba a Cataluña” y esconder su mala gestión. El PSC, en su estrategia de competir con CiU, ha asumido el discurso nacionalista y abandonado los valores socialistas, con la interesada complicidad de PSOE. ICV y EUiA se ha transformado en una corriente interna del PSC y ha dejado de existir como partido real.

Como ejemplo un botón:

La falsa izquierda progresista sigue dando muestras de intransigencia, estupidez y totalitarismo fachoso al más puro estilo garrulo. Un edil, el número 1 de la coalición ICV-EUiA por la provincia de Tarragona en las elecciones generales, Lluís Suñé, que se dice de izquierda pero fanáticamente nacionalista y qué por lo que dice, hace y reivindica no habrá leído en su vida un miserable libro que trate del socialismo, ni como ideología ni como historia del movimiento llamado de izquierda desde la revolución francesa hasta hoy, cree, o al menos su corta y flácida inteligencia así lo asegura que "Los catalanes aportamos, y mucho, a la riqueza del conjunto del Estado"(España) como demuestran las balanzas fiscales y, pese a ello, "las voces anticatalanas" siguen apreciando que los catalanes son insolidarios. Todo esto dicho con el más típico sentido victimista. El Arma que más éxitos ha cosechado el rancio nacionalismo llorón.

Le digo al tanoca capsigrany éste que hará poco que habrá salido de alguna caverna, que los territorios no pagan impuestos, sólo las personas, qué los principios básicos del socialismo democrático -- que él debería saber ya que defiende un partido en teoría de izquierdas -- proponen, en este aspecto, que cada cual pague según su nivel de ingresos y que a su vez los impuestos sean empleados por el Estado ( España) para favorecer el mejor desarrollo de todos y no las ventajas particulares de caciquismos locales o nacionalismos trasnochados.

Si estos son nuestros representantes de izquierda, que en teoría deberían estar a favor de los mas desfavorecidos, estamos apañados y, totalmente vendidos a los privilegios de los señores burgueses o patronos capitalistas que pretenden volver a la época feudal; o dicho teocráticamente, dios nos coja confesados con semejantes gurús, profetas y santos del nacionalismo fundamentalista más febril, feudal y fascista que asoman por las listas de alcaldes, concejales y ediles de partidos de “nuestra” izquierda.























Este horrendo personaje aunque ya haya pedido disculpas en su blog, fue capaz de poner en él para apoyar su errónea opinión en términos socialistas sobre las balanzas fiscales, un cartel, cuyo lema era: "Sos. Extremadura needs you", y en él aparecían dos niños, medio desnudos con la cara y el pelo sucio, y en la parte inferior, decía: "Un 8, 7% del PIB catalán no es suficiente. "En fin, quizás nos tendríamos que añadir a la campaña" 'SOS Extremadura needs you Apadrina un niño extremeño por 1.000 euros al mes". (Foto de arriba)

El Cap de suro de Suñé se hizo el gracioso y victimistamente pretendió ironizar ridiculizando con mal gusto a los extremeños exponiendo unas razones totalmente irracionales para cualquier socialista de pro, y que hace, que el ridículo lo hiciera él por indocumentado y socialistamente inculto.

Lo malo és que este tipejo, cap de suro, está pagado con el dinero publico de todos, y para vergüenza general, es concejal vinculado a ICV y EUiA y es portavoz del ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona). Además, fue concejal de Medio Ambiente y Juventud en la localidad y vicepresidente del Consell Comarcal del Tarragona entre 2003 y 2007. Lo dicho, apaga y vamonos.

C’s reivindica el valor de la igualdad y la justicia social, defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, sin privilegios. C’s es hoy el único partido que defiende los valores del socialismo democrático, y así lo demuestra tanto en el Parlamento de Cataluña como en los municipios donde tiene representación.

Jefe Rojo

Ernest Maragall y su Nacionalismo

A propósito de su artículo en el país sobre el Manifiesto por la lengua común:

Permítame Conseller Ernest Maragall que le catalogue de fariseo, embustero y falso, pero sobre todo…….. de miserable.

No se puede tergiversar más un texto sin que medie pura y llana mala leche. La mala leche que atesoráis vosotros, chamanes de tribu, procreadores de mitos en asegurar cosas que el manifiesto no dice.

El manifiesto está por el Bilingüismo, el mismo bilingüismo que esta colla de intransigentes e insensibles carroñeros de la historia, egoístas e insolidários, pedían antes, cuando todos estábamos contra la imposición franquista del castellano en la educación.

El manifiesto está por el derecho a la enseñanza en lengua materna o en bilingüe. Por el derecho que tienen los padres de elegir la lengua vehicular en la que estudian sus hijos.

El manifiesto está para lograr que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se cumplan, como así sería, si pusieran las tres casillas en la hoja de inscripción ; Catalán, Castellano y BILINGÜE.

Pero estos visionarios y profetas negociadores de sentimientos con la que hipnotizan a la gente por medio del más intimo sentimentalismo, en pura sintonía con la estrategia nazi de la psicología de masas, los convierte en salvadores de patrias imaginarias, o de lenguas que hoy en día, están más fuertes y son más habladas qué nunca lo han sido en la historia.

La política qué aplican los nacionalistas en una sociedad compuesta de ciudadanos libres, és, la política basada en imposiciones de etnia, grupo homogéneo y propio, no en criterios políticos que beneficien a todos los ciudadanos. Ellos sólo tienen que contentar a sus partidarios no a los demás, puesto que los demás, somos excluidos.

Los nacionalistas solo se representan a ellos mismos, dándonos la espalda a los demás ciudadanos que tenemos otra manera de ver la vida pública o de ver la resolución de los problemas cotidianos que nos afectan a todos, apolíticos o no apolíticos, de una u otra tendencia.

Los nacionalismos no resuelven problemas a los ciudadanos, los crean para manipular historias y creencia con el fin de perpetuarse en el poder de generación en generación. Como así esta ocurriendo en nuestra Cataluña, qué históricamente siempre ha sido gobernada por afines al Clero y a la Burguesía, y han despreciando históricamente a campesinos, obreros y trabajadores en general, en cualquier época de su historia. Sus descendientes burgueses, siguen hoy en día como líderes y gobernantes nuestros casi 200 años más tarde y muchos, enrolados en las filas socialistas y progresistas

El nacionalismo siempre ha sabido crear el victimismo apropiado para traspasar a otros sus carencias y culpas, apoyándose en el sentimentalismo propio del concepto de patria, incrustando en las mentes de la gente del pueblo la idea de madre de todos los que viven en un mismo lugar o, hablan una lengua particular, aunque no sea la única del territorio. Sobre todo a partir del siglo XlX con el auge de las patrias identitarias, llamadas románticas y basada en una etnia, una cultura, una lengua y, que acabó con la llegada al poder por medios democráticos de los nazis en Alemania. De tan triste recuerdo.

Anhelo que algún día la parte de mi pueblo catalán que está absorbido por estos emblemas de la sin razón, estos políticos sacerdotes inventores de patrañas irracionales que privan al individuo de un análisis libre, igualitario, solidario e internacionalista de la existencia de la raza humana en este planeta, dejen de creer y apoyar a semejante colla de hipócritas y farsantes mamarrachos que se mueven sólo por sus propios intereses no por el interés general de la humanidad.

Ernest Maragall, es ante todo un nacionalista que impone, miente y tergiversa al más puro estilo hipnótico de masas, apoyado en el victimismo de la más profunda desazón que le produce un manifiesto justo, por la lengua común qué siempre, desde ya en época de los Trastamara, se ha hablado y ha sido propia de Cataluña y, de España.

Javier Casas

el PSC abandona el principio básico de la izquierda

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía valora muy negativamente la deriva nacionalista adoptada por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en el XI Congreso de este partido celebrado el pasado fin de semana en Barcelona.

Con esta nueva línea política estratégica, el PSC abandona el principio básico de la izquierda, la promoción de la igualdad como elemento determinante de la justicia social, para abrazar como nueva identidad ideológica el nacionalismo. Su afirmación de principios donde "la lucha por el socialismo y la libertad nacional de Cataluña son objetivos inseparables", es una quiebra definitiva a los principios básicos del socialismo democrático y del programa ideológico de los movimientos progresistas europeos contemporáneos. El PSC ha renunciado a defender los valores de la igualdad y de la solidaridad para, junto con los partidos reaccionarios nacionalistas, hacer de la identidad excluyente su propuesta de modelo de sociedad. Ha decidido ocupar la centralidad política en Cataluña en el único eje que les interesa, el identitario, haciendo suyo el discurso nacionalista más radical con la única intención de perpetuarse en el poder. Por ello el PSC no duda en definirse desde principios tan antagónicos como son el socialismo y el nacionalismo.

Ni la propia CiU de los 90 se había atrevido a declarar públicamente su nacionalismo identitario de una forma tan desacomplejada como ha hecho el PSC en su último congreso. Un PSC que no ha dudado en humillar públicamente al PSOE y al Presidente Zapatero.

El PSC ha convertido el discurso nacionalista antiguo, rancio, pre-moderno, en su divisa política. Al asumir ideológicamente que los territorios son los depositarios de los derechos reduce los ciudadanos a la categoría de súbditos. El PSC ha decidido, al menos hasta la próxima cita electoral, quitarse la careta, y hacer suya la coartada que ha servido de excusa a todos los nacionalistas para ocultar a los ciudadanos su ineptitud: la nación.

Desde Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, recordaremos al PSC los posicionamientos que ahora proclama a los cuatro vientos, y le exigiremos que en sus próximas campañas electorales diga públicamente que el PSC defiende una realidad nacional que se llama Cataluña, y explique a sus votantes donde deja esa "afirmación nacional", a España. Una España que, bajo su propuesta de convertirla en una España federal, oculta su verdadera intención, convertir a nuestro país en una Confederación de territorios sin lazos comunes, sin vínculos afectivos, sin proyecto común, como paso previo a su disolución como nación de ciudadanos libres.

21/07/2008 C's

Entrevista a Félix Ovejero

Félix Ovejero, uno de los inspiradores de Ciudadanos, considera que el hecho de compartir una identidad no otorga soberanía ya que esto supondría un constante chantaje a la democracia

Pep Mir - Maó

Ciudadanos. Partido de la Ciudadanía concurre por primera vez a unas elecciones generales. Uno de sus impulsores e inspiradores es Félix Ovejero, doctor de Metodología de las Ciencias Sociales y profesor de la Universidad de Barcelona, que ayer fue el protagonista del Foro ICM. Se trata de un reconocido escritor, pensador y articulista.

Su conferencia se titula "Nacionalismo y pensamiento progresista". ¿Cuál es la relación entre ambos?

Son opuestos. Si el progresismo se configura como una herencia de la Ilustración, de la idea de

ciudadanía según la cual todos los ciudadanos son iguales en libertades y derechos, el nacionalismo se asienta en la idea de que hay unos ciudadanos que participan de una identidad especial, que en algún sentido son mejores que los otros. De aquí cuando se llama anticatalán al rival político, como queriéndolo excluir.

¿El nacionalismo es conservador?

Sí, es constitutivamente conservador. Consiste en cimentar la convivencia política en la tiranía de los orígenes.

¿Es ilegítimo que un grupo de personas quiera vivir bajo una misma identidad en condiciones de igualdad con las otras?

Pero es que el nacionalismo no es que uno quiera vivir bajo una identidad, sino que quiere que el conjunto de la comunidad política viva bajo la identidad que él atribuye al conjunto. Cada uno tiene su identidad, que por lo general es reconstruida. Los nacionalistas existen antes que la nación, inventan la nación, se inventan un mito. En lugar de cimentarla en derechos, libertades, justicia...

¿Y esto es igual en todas partes?

Sí, en lo esencial es lo mismo.

¿Cómo hay que organizarse? ¿El sistema de estados se da por bueno?

Sólo con la idea republicana en el sentido francés, con un conjunto de ciudadanos que se comprometen mutuamente a una serie de derechos y libertades, sin otras exigencias de identidades culturales. Sólo con el sometimiento a una ley que es el resultado de un proceso democrático, y a partir de aquí no hay nadie por delante de nadie. Sin requisitos de identidad.

¿Ve bien el proyecto europeísta?

Sí, siempre que no se trate de inventarse también una hipotética identidad, por ejemplo relacionada con el cristianismo. Hay que sopesarlo desde la racionalidad y la igualdad de los ciudadanos.

Ha empezado la campaña. ¿Uno de los objetivos para Ciudadanos es que se les vea como algo más que antinacionalistas?

Recuperar el núcleo antinacionalista es volver al sentido inaugural de la comunidad política. Y esto es un mensaje progresista, de centro-izquierda o izquierda. Sin distinciones por rasgos arbitrarios como la identidad cultural. Algo como el sentido común es un proyecto compatible con todos. Y Ciudadanos es algo más, pero ésta es una batalla tan urgente y tan atosigante que es la que está en la agenda política de una forma más inmediata.

Y simplificando más, a veces la batalla se limita a la lengua, ¿no?

Lo que sucede es que el nacionalismo construye una mitología según la cual la lengua proporciona una identidad, y éste es el sentimiento de la comuni dad política, y la comunidad política se vuelve soberana porque participa de esta identidad. Esto es insostenible, porque participar de una identidad no te da soberanía política. Las mujeres tienen un sentimiento de identidad reconocible. Y no por esto son una unidad de decisión política. Por otra parte, las dos ciudades de España con más identidad mirando los apellidos son Lugo y Huesca, y Barcelona es la segunda ciudad más española, es la síntesis de las gentes que han llegada de mil sitios. García es el apellido más común en todas las comarcas de Cataluña. Entonces, ¿qué es la identidad?

¿Un referéndum sobre la independencia aclararía las cosas?

Y si un barrio de ricos quiere jugar aparte si no se hacen las cosas como ellos quieren, ¿qué? Esto sería un permanente chantaje a la democracia. La democracia es que todos nos sometemos a las leyes discutidas democráticamente. Y una vez hecho el referéndum en Cataluña, la mayoría de ciudadanos de Barcelona querría ir con España. ¿Entonces hacemos otro? El que pierde también puede pedir el derecho a la autodeterminación. Si la adscripción es voluntaria...

Volviendo a la campaña. ¿Más bipolarizada que nunca?

A pesar de que el mensaje de Ciudadanos es el más cabal, no podemos ignorar que el mercado político tiene barreras de entrada. Hay que tener recursos para estar presente. Se depende mucho del marqueting. El proyecto de Ciudadanos se va a un terreno común que PP y PSOE deberían buscar, y ojalá lo buscaran entre ellos. Ciudadanos estaría encantado de desaparecer si lo hicieran.

¿Quien prefiere que gane?

Cualquiera que esté dispuesto a suscribir este proyecto, que quiera participar de un pacto nacional en cuestiones básicas como la política antiterrorista y la estructura del estado. Aunque tampoco soy portavoz de Ciudadanos. Sólo soy fundador y simpatizante.

¿Qué opina del primer debate?

Los proyectos económicos no se diferencian mucho. La intervención de Solbes no muy favorable a bajar los impuestos no casa mucho con las ofertas electorales realizadas hasta ahora por su partido. Son etiquetas para su clientela.

Pero las etiquetas funcionan.

Las etiquetas arrastran. La izquierda se ha convertido en una serie de tópicos sin sustancia.

Y mucho voto fiel.

Más en el PP, que no quiere agitar mucho porque hay un activo de izquierdas que está escéptico y no quiere participar.

Es comprensible la abstención

Mientras no haya un partido como nosotros consolidado, que tense al PSOE hacia una vocación no nacionalista, se puede entender que haya quien no quiera votar. Ciudadanos cubre este hueco, pero su proyección en estos momentos es la que es.

28 febrero 2008, Mahó, Félix Ovejero Lucas

Es de izquierdas la política del PSOE?- l

Con frecuencia, desde las filas del PP, se atribuye a Rodríguez Zapatero la condición de izquierdista radical. La calificación, por lo general, forma parte de la escaramuza política, un gesto simétrico al que desde el PSOE lleva a describir al PP como la “derecha más extrema”. Su sentido último merece pocas dudas: se busca descentrar al rival –o al menos describirlo descentrado— para apropiarse del espacio político así desalojado. La estrategia es rudimentaria, con supuestos intelectuales endebles, pero, por lo común, eficaz.
El caso español presenta una peculiaridad: la etiqueta “derecha” es algo más que una descripción, es un estigma. La derecha, que no lo ignora, evita presentarse como tal. La asimetría es manifiesta. Mientras la derecha tiene problemas para aceptar públicamente su condición política, y de ahí el reproche “de andar con complejos” por parte de sus ideólogos de expresión más contundente, la izquierda no duda en lucir su divisa con orgullo. Incluso el presidente del gobierno dice de sí mismo ser “un rojo”.

Pero, ¿es realmente Rodríguez Zapatero un extremista? ¿Está justificada la calificación de “izquierda radical”? Sin entrar en muchas honduras, hay datos que, cuando menos, dificultan las respuestas urgentes. Desde luego tiene poco que ver con la izquierda tradicional la colusión de intereses entre poderes económicos y grupos de influencia en las instancias de decisión económica del gobierno que ha revelado la polémica en torno a la OPA de Endesa y la CNMV. Tampoco se puede considerar un triunfo de la justicia distributiva el descenso de la participación de los sueldos y salarios en el ingreso nacional hasta un mínimo histórico en el último año. Incluso hay dudas respecto a las afiliaciones electorales cuando, como sucede en Cataluña, la izquierda supuestamente más radical, ICV-EuiA, los comunistas-verdes, han recogido más votos entre las clases acomodadas (10%) que entre las humildes (7,5%). Llamativamente, el orden se invierte en caso del PP: 9,3 y 9,7, respectivamente.

Resultaría precipitado exprimir esos datos, fragmentarios y circunstanciales, para concluir que, en realidad, el PSOE representa los intereses de los poderosos. Sería injusto con su historia y, seguramente, con sus propósitos. Pero en política no siempre los propósitos, y mucho menos las declaraciones, se traducen en realizaciones. Las páginas que siguen intentarán mostrar que algo de eso puede suceder con el PSOE; más exactamente, que si nos atenemos a los valores y propuestas que tradicionalmente se asociaban a la izquierda, hay razones para considerar injusta la calificación de “izquierda radical”, por no decir, la de izquierda sin más.

Vale decir que la responsabilidad no es exclusiva del PSOE. El PSOE es, seguramente, el síntoma más agudizado de un proceso más general de empobrecimiento ideológico y programático de las izquierdas que ha tenido su expresión más decantada en la transición de un discurso atento a “la desigualdad” y “lo económico” a otro centrado en “la diferencia” y “lo cultural”. En ese sentido, buena parte de las reflexiones que siguen tienen un alcance más general. No es menos cierto que, en el caso español, ese nuevo discurso, por lo general plúmbeo, ha encontrado una traducción reconocible: una política territorial legitimada en nombre de “la pluralidad”, “la diversidad”, “el reconocimiento” o “la identidad”. Aprovecharé esa terreno para ejemplificar mi tesis.

La paradoja de la conquista de la democracia

Según el ideal democrático, en su versión más clásica y optimista, acorde con algunas experiencias de la antigua Grecia, todos los ciudadanos deliberan hasta recalar en decisiones acordes con el interés general. Participación, deliberación y compromiso con el interés general constituyen piezas vertebrales de esa idea de democracia. Las decisiones justas, que encontraban su traducción en las leyes, eran la consecuencia práctica del ejercicio público de la razón, del diálogo democrático entre todos los ciudadanos. Las opiniones, cribadas imparcialmente, darían pie a decisiones justas, a leyes que asegurarían que nadie estaría sometido al poder arbitrario de nadie. Los protagonistas de la deliberación modificarían sus juicios a la luz de las mejores razones. Ese era el ideal que inspiró las revoluciones democráticas, el germen ideológico de la izquierda.

Sin embargo, el resultado final, las democracias realmente existentes, resultado en buena medida de las luchas políticas de la izquierda (por la universalización del voto, por el control del poder), se alejan bastante de aquel ideal. La participación, la deliberación y el compromiso con el interés general se han visto sustituidas por la representación, la negociación y las preferencias (los votos) basados en los intereses. La teoría de la elección racional ha descrito bastante bien su funcionamiento. Los políticos profesionales compiten por los votos de unos ciudadanos que basan sus preferencias en sus intereses. Ni políticos ni ciudadanos están preocupados por el interés general. Simplemente, al modo del mercado, los primeros, en aras de su propio beneficio, han de estar atentos a los intereses de los segundos.

Según sus defensores, la moderna democracia liberal, la de la competencia entre partidos, la negociación y los intereses, permite alcanzar buenos resultados, al menos tan buenos los de la democracia ideal y desde luego menos improbables. Por lo menos, dirán, podemos penalizar a quienes lo hacen mal. Los partidos, si quieren mantenerse o conseguir el poder, han de realizar una gestión eficaz o, en el caso de estar en la oposición, denunciar los errores de quienes gobiernan. En el interés de los políticos está denunciar los errores de sus rivales y ofrecer propuestas interesantes. El “aceite del odio” es suficiente para asegurar el día a día: nadie es virtuoso, pero, si quiere mandar, tiene razones para sacar los trapos sucios de quienes mandan. La desconfianza mutua entre los políticos asegura que la maquina democrática marche sin necesidad de ciudadanos informados o vigilantes, sin reclamar vocaciones participativas a los ciudadanos. Los tantas veces, y tan hipócritamente denunciados, intereses partidistas son, en realidad, el combustible del mecanismo democrático.

No son pocos los problemas de esa democracia –entre ellos que hace improbable la selección de los mejores--, pero tampoco es esta la ocasión de recordarlos. Aquí sólo nos interesa ver cómo condiciona los comportamientos políticos, en particular, como ha impuesto, en el caso de la izquierda, una serie de cambios estratégicos derivados todos ellos del propio mecanismo de la competencia electoral y que están en el origen de la descrita evolución (“pragmática”). Si se quiere formular el clave paradójica, se podría decir que la realización (parcial) de los ideales ha conllevado una modificación (adaptativa) de los ideales. Vale la pena recordar algunos de esos cambios:

1. El debilitamiento de la identidad ideológica.

En sociedades con profundas y nítidas divisiones sociales, entre ricos y pobres, cabe aspirar a obtener la mayoría con un programa que recoja de modo inequívoco los intereses de los desposeídos. Cuando, las líneas de demarcación social se multiplican, los intereses se diversifican, los programas de perfiles nítidos, claros y distintos siempre acaban por resultar inconvenientes para alguien con capacidad de voto. En esas condiciones, los partidos políticos que aspiran a gobernar se encuentran en un dilema entre identidad y gobierno. El mejor modo de asegurarse el acceso es el poder es prometer a todos sin molestar demasiado a nadie. Una función que cumplen a la perfección los programas con perfiles vagos, sin aristas estridentes, eso que se da en llamar “de centro”.

2. El alto coste de la revolución.

En su versión más optimista, los procesos revolucionarios suponían, invirtiendo el refrán, “hambre para hoy, pan para mañana”, un periodo de incertidumbres y sacrificios que encontraban su justificación en un cambio en la distribución del poder que redundaba en una mejor situación futura de los más pobres. La revolución, para aquellos que no tenían nada que perder, “salvo sus cadenas”, no era una inversión arriesgada. Ahora bien, cuando, los que están peores tienen algo que perder, los resultados son inciertos y los ciclos electorales son más cortos que los procesos revolucionarios, ningún partido se embarcará en procesos de cambio radical. Para bien o para mal, las elecciones inmediatas son el único horizonte temporal que los partidos políticos pueden contemplar. Nadie vive hoy de lo que ganará mañana. En muchos sentidos poco discutibles ello incapacita a la democracia para enfrentar retos importantes (ambientales, presupuestarios, demográficos) que requieren cambios radicales, entre ellos renunciar a hábitos asentados. Al final, el refrán se impone en su genuina versión: “pan para hoy, hambre para mañana”.

3. La oligarquización de los partidos.

La competencia alienta la aparición de los políticos profesionales con intereses propios que no coinciden necesariamente con los de los votantes y cuya defensa, muchas veces, lleva desatender los principios ideológicos que dieron origen a los partidos. La preservación del poder se impone a cualquier otra consideración. Ello no supone maldad o mendacidad –una disposición “traidora”— de los dirigentes que siempre encuentran una justificación para su “moderación”. Por ejemplo, pueden decirse que, a la luz de nueva información, de la responsabilidad asociada a sus cargos, hay que aplazar la realización de los proyectos, moderar las propuestas para no poner en peligro las tareas iniciadas y su personal gestión.

4. La prioridad de lo propio.

Una de las fibras ideológicas más genuinas de la izquierda fue el internacionalismo. También aquí había una frase acuñada: “los obreros no tienen patria”. El internacionalismo era un corolario inmediato del igualitarismo. Para quienes entienden que no están justificadas las desigualdades relacionadas con circunstancias de las que los individuos no son responsables (los orígenes familiares, el sexo, el color de la piel, etc.), el haber nacido de un lado u otro de la frontera no justifica la existencia de privilegios o derechos especiales. En términos clásicos esa idea se expresaba de otro modo. Los trabajadores no luchaban por sus intereses, o, por mejor decir, la lucha por sus intereses se justificaba porque eran el vehículo de materialización histórica de lo verdaderamente importante: la emancipación de la humanidad (en un horizonte –puestos a decirlo todo—de sociedad de la abundancia, de infinitos recursos). Hoy el internacionalismo, tan interesante éticamente, resulta una pésima mercancía electoral. Los otros -o los que vendrán, las futuras generaciones-- no votan aquí y ahora. Los ciudadanos, que procuran por sus intereses, siempre encontrarán políticos dispuestos a decirles lo que quieren oír. Basta con pensar lo que sucede con la habitual condena de la izquierda de las “deslocalizaciones”, tan difícil de justificar desde consideraciones impersonales, de justicia, cuando muchas de ellas acaban por beneficiar los pobres de otros países.

El conjunto de esas circunstancias, impuestas por las reglas del juego democrático, ha llevado a un debilitamiento del perfil ideológico de los partidos políticos. Si quieren llegar al poder, han de aguar los proyectos. Sólo excepcionalmente puede resultar interesante hacer propuestas perfiladas o radicales, cuando las reglas de juegos –las electorales, muy fundamentalmente—resultan propicias, se entra por primera vez en la competencia política y se busca crear un mercado propio, o cuando no se aspira a gobernar, pero sí a ejercer la condición de minoría decisiva, de masa crítica para controlar mayorías. Es lo que sucede, sin ir más lejos, con ERC. Ahora bien, cuando aspiran a ser algo más, las cosas cambian y los partidos “radicales” se ven obligados a limar sus aristas.

Las consideraciones anteriores no quieren decir que se disuelvan las coordenadas izquierda-derecha, entendidas como proyectos políticos que realizan propuestas de modificación de las instituciones basadas en ciertos principios normativos. Lo que sí quieren decir es que las reglas del juego de la competencia democrática hacen difícil su mantenimiento para quienes aspiran a gobernar. Un partido que se comprometa con cambios radicales, que exija redistribuciones de la riqueza o que reclame modificaciones importantes de los comportamientos, en nombre los intereses de las futuras generaciones, nunca estará en condiciones de ganar las elecciones. Sucede como con ciertas estrategias futbolísticas, dadas las reglas (del juego, de los sistemas de puntuación), si uno quiere ganar la liga, lo único que puede hacer es jugar de modo conservador. Puede intentar jugar de distinta manera –con la propia identidad—pero en tal caso sus probabilidades de éxito quedan seriamente limitadas. El reglamento ha decidido la táctica, las reglas imponen una ideología. El problema, claro, en política, es que una cosa es el éxito electoral y otra la resolución de problemas y quizá hay que aceptar que la democracia de competencia se muestra incapaz de hacer frente a los retos más graves de las sociedades. Indirectamente esa deprimente conclusión parece admitirse cuando se establecen acuerdos para excluir de la competencia política (pensiones), importantes decisiones sobre la vida colectiva (pensiones) o se dejan en manos de instituciones “independientes” (como el BCE).

El Noticiero de las Ideas
03 julio 2007

Por Félix Ovejero Lucas, profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona (EL PAÍS, 28/06/07):

Vota, Cromagnon

La izquierda republicana de ERC se traduce en algo parecido al
seudonacionalsocialismo…. de momento. Su política segregacionista, así, lo manifiesta, y en sus eslóganes en campañas electorales hasta el día de hoy, así, lo confirman. No se cortan un pelo en sacar todo su caduco patrioterismo a la luz del día, otorgándosen ellos mismos el privilegio de poder ser patriotas mientras niegan el de los demás. ¿Qué pasaría si estos eslóganes los pronunciara un partido español?.

Dudo mucho que en ERC sean de izquierda, pero, sí que son radicales, que sean radicales no es malo ni bueno. En todo caso, lo son en la defensa de algo que yo no creo: la Patria

Patriotes com tú.

D'esquerres i catalanistes com tú.

Som una Nacido.

Som com som-.

La pena, es ver cómo nos quejamos todos, que somos muy progres, de lo patéticamente patrioteros que son en EE.UU., y luego nadie abre la boca ante la propaganda electoral de ERC. ¡De vedad, qué pena!

¿Que pondrá ERC en sus eslóganes en estas elecciones generales de marzo? ¿Se quejarán de los intrusos?. Ya veo su eslogan pintado en todas las paredes urbanas de la patria, con un mensaje claro…. y nacionalista.

Esta vez, tampoco cambia nada,…. ya tienen eslogan:

Objectiu: un país de 1ª (per aixó volem la independéncia)

Es de izquierdas la política del PSOE?- ll

Rosa Luxemburg

Las propuestas del socialismo

Podría parecer que la política del PSOE es cualquier cosa menos pragmática. Las frecuentes apelaciones a conceptos de la filosofía política como democracia deliberativa o republicanismo avalarían la conjetura de que su propuesta está basada en sólidos principios normativos. Según esa visión, el PSOE mostraría una saludable disposición a dotar de norte ideológico sus intervenciones políticas. Sus propuestas cobrarían coherencia transformadora en un horizonte regido por ciertas ideas acerca de la buena sociedad.

No estoy seguro de que las cosas sean así. En el terreno de las ideas, parecería más bien que Rodríguez Zapatero camina dando palos de ciego. Al rotular su proyecto, antes de recalar en el republicanismo, hizo uso de otras etiquetas, entre ellas la de “socialismo libertario”. El tránsito en apenas unas semanas entre libertarismo y republicanismo, seguramente las dos filosofías políticas más antitéticas que ofrece el panorama contemporáneo, invita a pensar que, por detrás de las palabras, hay poco más que etiquetas, recubrimiento retórico de decisiones que se explican a partir de la obsesión por las encuestas y el día a día del mercadeo político. Un juicio que no se ve desmentido cuando se observa que, al justificar su política territorial, ha echado mano de una retórica “multicultural”, comunitarista, que no tiene fácil acomodo ni con el liberalismo ni con el republicanismo.

El republicanismo, la filosofía finalmente invocada, lo ilustra muy bien. El socialismo moderno se puede entender sin violencia intelectual como una radicalización de las versiones más democráticas del republicanismo y, más en particular, del ideal de ciudadanía. Para los socialistas, no cabe pensar en una completa realización del ideal republicano de libertad cuando existen profundas disparidades económicas o cuando la propiedad es una fuente de poder que permite a unos decidir sobre la vida de otros. Según ese ideal, no hay libertad si se está sometido a un poder que, cuando le parece, puede interferir en la vida de las personas. El esclavo con un amo bien dispuesto que le permite hacer lo que quiere sigue siendo un esclavo. Pero tampoco es libre aquel que, sin recursos, no puede decir que no al empresario que le ofrece unas condiciones de trabajo miserables.

Desde el punto de vista programático, ese diagnóstico se traducía, muy sumariamente, en aunar el ideal emancipador ilustrado con el de justicia social: sin actuar sobre las fuentes de la desigualdad económica –y de acceso a la propiedad— no cabría pensar en una sociedad plenamente libre, sostendrán los socialistas. Un programa que, con mayor o menor radicalidad, cristalizará en varias líneas de intervención que dotarán de identidad a los distintos socialismos por más de un siglo:

1.Redistribución económica y derechos sociales.

Las formas que adoptará esta estrategia son diversas (derechos laborales, educación y sanidad pública, etc.), muchas de ellas asociadas –no sin cierta precipitación— a lo que se ha dado en llamar “Estado del bienestar”. Entre las diversas vinculaciones con el núcleo republicano-socialista hay una fundamental: para poder decir que no, para no estar sometido a la voluntad de los poderosos, es importante que los individuos dispongan de ciertas garantías materiales. Si yo (mujer, joven, emigrante) dependo de ti para vivir, incluso si eres bueno conmigo, no seré libre. En el fondo, la estrategia de argumentación es la misma que sirvió a algunos clásicos del republicanismo para defender ciertas formas de propiedad: quienes dependen económicamente de los otros es más improbable que formen sus juicios autónomamente, que sean ciudadanos plenos.

2.Intervención pública.

Para el republicanismo la ley (justa) no es un límite a la libertad, sino su garantía. La ley y, en general, la intervención pública impiden la dominación de los poderosos. Allí donde hay ámbitos posibles de dominación arbitraria hay que asegurar los derechos de los más débiles. Entre ellos, los económicos muy en primer lugar. Para impedir, por ejemplo, que el empresario, bajo amenaza de despido, pueda abusar de sus empleadas (exigirles que vistan de cierta forma, complicarles sus decisiones reproductivas). Cierto es que, en principio, el mercado, en su versión más idealizada, nada tiene que ver con la dominación: en competencia perfecta, con infinitas empresas e infinitos trabajadores, un trabajador siempre puede decir que no a las demandas injustificadas de un empresario porque inmediatamente encuentra otro trabajo en las mismas condiciones. Pero la competencia perfecta es una fábula que sólo existe en los libros de teoría económica, no en nuestras sociedades. Por lo demás, el mercado (“el orden espontáneo”) resulta incapaz de asegurar los bienes públicos, entre ellos las instituciones políticas que garantizan la libertad de los ciudadanos. Sin Estado no hay libertad ni tampoco competencia: el mercado es imposible sin un Estado en condiciones de intervenir, sin una comisión antimonopolios que, por definición, es pública, no un producto del mercado.

3.Un Estado poderoso y con recursos.

Para los republicanos es tarea del Estado impedir situaciones de dominación. Una sociedad justa debe garantizar los derechos que protegen esa libertad de sus ciudadanos. Pero los derechos requieren recursos. Todos los derechos. El republicanismo se opone a la tesis liberal que establece un trazo fuerte entre unos derechos (negativos), legítimos, que protegerían su libertad negativa, esto es, que se limitarían a “prohibir” ciertas acciones que interfieran en la vida de los individuos (libertad de opinión, garantía de la propiedad, p.e.), derechos que no requerirían recursos, y otros, positivos (derechos al bienestar), que permiten la realización de ciertos objetivos (educación, sanidad) y que, según los liberales, no hay modo de determinar cuándo están plenamente satisfechos. Los socialistas recordarán que esa distinción resulta insostenible, que todos los derechos requieren recursos. Por ejemplo, asegurar la propiedad –un supuesto derecho negativo-- requiere jueces y policías. Finalmente es una decisión política, colectiva, establecer prioridades acerca de qué derechos –y en qué medida cada uno de ellos— deben garantizarse. Por eso mismo, porque requieren recursos y su garantía es una acción colectiva, política, para que los derechos sean efectivos se necesitan Estados poderosos, capaces de impedir las intromisiones de poderes no sometidos a control democrático, entre ellos, los económicos.

4.Derechos universales.

La Revolución francesa dramatizó y sintetizó la ruptura con los “derechos” entendidos como “privilegios” especiales vinculados a circunstancias locales (feudos, ciudades), grupos sociales (estamentos) o actividades (clero, artesanos...). Los “derechos” en las sociedades estamentales eran “los derechos” de alguien en su relación particular con el señor feudal o con el rey. Conferían ventajas especiales y, a la vez, dotaban de identidad (estamental, territorial) a sus beneficiarios. Frente a esto, las revoluciones democráticas defenderán la universalidad de los derechos, iguales para todos los ciudadanos. A lo largo del siglo XIX, los socialistas lucharán por que esa universalidad sea algo más que palabras, empezando por el derecho al voto. Incluso cuando hoy en muchos sitios la izquierda apoya medidas como la discriminación positiva, la existencia de cupos de representación que aseguren que ciertos grupos sociales tradicionalmente excluidos tengan una presencia en las instituciones políticas --en el poder público— que se corresponda con su real peso demográfico, el principio al que se apela -o al que se debería apelar— es el de universalidad: el reconocimiento de que su menor probabilidad de acceso a ciertas posiciones deriva de injusticias, de que los principios que valen para todos no valen para ellos, de que arbitrarias razones culturales o sociales impiden la real universalización de los derechos. (Hay que recordar, de todos modos, que la discriminación positiva es una práctica provisional, no un principio –que no puede ser provisional–, y, en este sentido, no carente de peligros y sobre el que debe ejercerse vigilancia. Aun cuando sea con la finalidad de universalizar un derecho, al privilegiar a unos sobre otros que no son el origen de la desigualdad, se está contraviniendo el principio de que no puede aplicarse una norma injusta para un bien justo. Motivo por el que, junto a su provisionalidad, debe ser restringida: no puede interdecir el derecho de todo un grupo. Si lo que se persigue es posibilitar el reflejo estadístico de una realidad social en un ámbito determinado, ya se ve que podrá prescribirse la presencia de un porcentaje de mujeres, pero no vedar el acceso de todos los varones a una actividad. Consideración que no deberemos desatender cuando se apele –injustificadamente—a la “discriminación positiva” de las lenguas: si tras asegurar la igualdad de derechos de los hablantes se conviniera privilegiar una lengua minoritaria en determinados ámbitos, eso no podrá significar convertirla en única, es decir, excluir la mayoritaria, como jamás podrá perseguir el cambio de lengua de los hablantes.)

5.El autogobierno y la profundización democrática.

Quien no está sometido a otra ley que la que él mismo se da no puede, por definición, estar sometido a la voluntad de los otros. En una comunidad democrática, sin embargo, ese ideal no puede realizarse plenamente. Allí todos deciden sobre lo que afecta a todos. En ese sentido, todos se someten a la voluntad de todos, cada uno se somete a la voluntad de los demás. En tales circunstancias el mejor modo de garantizar el autogobierno es que todos los afectados puedan participar con igual capacidad de influencia en las decisiones, que todos estén expuestos a las razones de todos y que, por ende, puedan corregir sus juicios a la luz de consideraciones de interés general. Si mis razones han sido consideradas en la gestación de una ley, esa ley será un ejercicio de autogobierno. De ahí el compromiso republicano con un ideal de democracia participativa y deliberativa. Un ideal de democracia que, además, impide que el poder político, que precisamente se justifica porque asegura la libertad, la ausencia de dominación, se convierta él mismo en un poder arbitrario, en fuente de opresión.

El Noticiero de las Ideas03 julio 2007

Por Félix Ovejero Lucas, profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona (EL PAÍS, 28/06/07):

Es de izquierdas la política del PSOE? - lll

La diferencia contra la igualdad

En buen hacer estratégico, cabría pensar que esta doctrina sumariamente descrita debería inspirar el día a día de las intervenciones políticas de la izquierda. Las diversas actuaciones encontrarían justificación en la medida en que contribuyesen a materializarlas. Sólo en ese caso cabría decir que, realmente, la política se corresponde con lo que tradicionalmente identificó a la izquierda.

Pues bien, con esa vara de medir, resulta difícil calificar “de izquierdas” la acción de gobierno del PSOE. Nada lo muestra mejor que lo que ha constituido el eje de su acción política: la reforma de los estatutos. Los problemas del “nuevo Estado de las autonomías” son, por supuesto, de eficacia: mayores costes de transacción y de información, mercados cautivos, inoperancia de la política exterior (diez Luxemburgos pesan menos que una Francia), peores servicios públicos (las barreras lingüísticas impiden la llegada de los mejores profesionales). Pero lo son, y no menores, de igualdad, democracia y libertad. Los diversos estatutos pueden decorar sus preámbulos con proclamas progresistas, pero, cuando esas buenas palabras las intentan traducir en cambios reales, las cosas se complican. Por diversas razones que, en algún grado, debilitan cada una de las líneas estratégicas descritas.

1.Deterioro de la redistribución.

El Gobierno catalán ha reclamado al Gobierno central la renuncia de la potestad que éste conserva de regular –y por tanto de impedir–las rebajas fiscales promovidas por los gobiernos autonómicos. Desde una perspectiva de izquierda, la petición era apreciable. Pero inútil. La responsabilidad es, en gran medida, del Gobierno catalán que desató la carrera de los estatutos. El aumento de las competencias de cada uno, en estos asuntos, tiene la paradójica consecuencias de que disminuyen las competencias reales de todos. La competencia entre las autonomías por atraerse las inversiones tiene una herramienta de fácil manejo en la eliminación de los impuestos. Fácil e inevitable. Muchas comunidades autónomas no desearían –quizá por eso reclaman el aumento de sus competencias, o simplemente, por no quedarse atrás— bajar los impuestos pero, ante el temor de que las de al lado lo hagan, la estrategia más racional es anticiparse ellos. Con esa acción confirman a los demás en sus temores y la carrera no tiene fin. Todos la alimentan aunque nadie la quiera. Ha sucedido con los impuestos de sucesiones y donaciones y sucederá con otros. De hecho, ya hay comunidades autónomas que en su publicidad institucional proclaman su “buena” disposición impositiva. Lo de “nuestros impuestos para nosotros” muy bien puede ser los impuestos de todos para nadie. Cuando un privilegio se extiende a todos, nadie tiene privilegios. Si todos llegamos a ser Navarra, Navarra dejará de crecer más que los demás. La batalla perdida de las deslocalizaciones nos lo recuerda. No deja de resultar llamativo que, a la vez que se multiplican los lamentos ante deslocalizaciones sobre las que poco se puede hacer, se configuran diseños institucionales que constituyen incentivos para la deslocalización.

2.Debilitamiento de los instrumentos de intervención.

Incluso si aceptamos la –a mi parecer, injustificada— equiparación entre descentralización y política autonómica, la descentralización no asegura soluciones más eficientes o más justas. En muchos casos, los sistemas descentralizados ahondan los problemas. Los retos políticos más importantes que tendremos que abordar (los problemas ambientales, el despilfarro de recursos, el terrorismo, etc.) tienen carácter planetario. Hacer frente, por citar un ejemplo “apolítico”, a la gripe aviar exige capacidad de intervenir y planificar, instituciones en condiciones de controlar desplazamientos humanos, aislar poblaciones, exterminar animales portadores, desplazar equipos, etc. Algo parecido sucede con las acciones terroristas o buena parte de las catástrofes naturales. Aunque presentan diferente naturaleza, todos esos retos comparten una cosa: su solución –o su gestión— necesita mecanismos centralizados de toma de decisiones, instrumentos poderosos capaces de coordinar información y acción. En ese tipo de situaciones, “el carácter residual del Estado” acaba por perjudicar a todos. Y si alguien se salva, si es que alguien puede hacerlo, nunca serán los de abajo, aquellos con menos poder, con menor capacidad de “aislarse” o huir de los problemas.

Aquí la apelación al mercado, como sistema descentralizado, está fuera de lugar. Incluso en aquellos ámbitos en que podríamos pensar en “soluciones de mercado”, en establecer derechos de propiedad que permitieran una gestión eficiente de ciertos recursos naturales, por ejemplo, se necesita una estructura política –un Estado—poderosa capaz de asegurar tales derechos, y eso siempre que las soluciones de mercado sean realmente aplicables, lo que pocas veces sucede en estos casos. (En realidad, el mercado, para cumplir sus (buenas) funciones, resulta incompatible con la dispersión de los poderes públicos y la multiplicación de barreras.)

3.La vaciedad de los derechos.

Los derechos son algo más que buenas palabras. Sin capacidad real de ejecución y recursos, los prolijos inventarios de derechos –tan discutibles, por otra parte, desde el punto de vista democrático, en la medida que escamotean territorios de decisión a los ciudadanos— de los estatutos son poco más que pirotécnica verbal. No sólo por los mencionados problemas recaudatorios. Un estatuto puede proclamar el “derecho a la paz mundial” pero no garantizar ese derecho. Dado el ámbito de gestión será un brindis al sol. En otros casos, la propia dinámica de competencia –a la baja— entre comunidades autónomas hace inefectivos los derechos. Un derecho a la jornada de 35 horas –los derechos de los trabajadores en general— o unas leyes ambientales muy exigentes, si no hay instituciones centralizadas que obliguen a todos, acaban por expulsar las inversiones y, al final, resultan irrelevantes. De poco les sirve a los habitantes de un pueblo proclamar su derecho a “un aire respirable” si el ayuntamiento vecino autoriza la instalación de una papelera.

4.La desigualdad de derechos.

Resulta difícil entender cómo aquellos que nacieron para luchar contra los privilegios “de origen” han acabado siendo fundamentados en función de “derechos históricos” o, lo que viene a ser lo mismo, condicionados a la existencia de “hechos diferenciales” para justificar tratos privilegiados, para exigir competencias especiales o para reclamar paquetes especiales de derechos. El problema no es que, en virtud de ciertas circunstancias, haya lugar para un conjunto de leyes o de políticas públicas que en otro caso no tendrían lugar. Es razonable que Extremadura no tenga competencias sobre el uso de lenguas públicas del mismo modo que no la tiene sobre las playas ni sobre las estaciones de montaña. En tal caso no se violan los principios generales de justicia, sino que sencillamente no cabe actividad legislativa sobre ello, del mismo modo que ningún país tienen reglamentación sobre cómo deben circular los platillos volantes. No supone ninguna diferencia de principio. Otra cosa es cuando “las diferencias” sirven para aplicar principios especiales. Ésa es la novedad de los derechos asimétricos: justifican un trato privilegiado, esto es, que, por definición, no se debe extender a todos. En la práctica, la apelación a las diferencias –por lo general, insostenibles empíricamente-- quiere decir: si algo se generaliza (“el café para todos”), hay que volver a empezar y dar algo más a “los diferentes”.

La insistencia en “las diferencias” ha servido también para justificar desigualdades de derechos entre los ciudadanos del Estado. Es cierto que, como dije, en razón de los principios compartidos de justicia, puede estar justificado aplicar ciertas medidas protectoras para personas pertenecientes a grupos sociales que han sufrido discriminación. Sucede ejemplarmente con mujeres o minorías étnicas. La existencia de barreras institucionales o sociales que hacen que determinados individuos que participan de ciertos rasgos comunes (biológicos, sociales, culturales) vean disminuidas sin razón sus probabilidades de acceso a ciertas posiciones sociales se ha combatido de diversa forma. Además de eliminar las barreras, a través de las medidas de discriminación positiva, se intenta asegurar la presencia de miembros de tales grupos en proporciones tentativamente similares a su presencia estadística en el seno de la población.

Pero no es ese el caso de las propuestas estatutarias. Al revés, en ellas las diferencias se convierten en motivos de discriminación. El caso de los representantes políticos resulta particularmente elocuente. En Cataluña, mientras el 51, 9 % de los ciudadanos tiene como primera lengua el castellano, al lengua franca de todos, y el 39,9 % el catalán, entre los parlamentarios esas proporciones son, respectivamente, del 17, 9 y el 73, 2 %. En tales casos, lo que mandaría la política progresista es modificar los obstáculos, eliminar las circunstancias discriminatorias, los filtros lingüísticos, o, incluso, adoptar medidas de discriminación positiva para otorgar presencia a los excluidos. Pero nada de eso es lo que ha sucedido. Con un uso torticero de la noción, se echa mano de una singular “discriminación positiva de las lenguas minoritarias” para reforzar los filtros. En lugar de modificar las instituciones, para que las personas tengan la misma probabilidad de acceder a las posiciones de poder, se les exige que cambien “de identidad”. Por supuesto, ello se traduce en una refuerzo de la discriminación, no justificada por la tarea a realizar, perfectamente ejecutable en la lengua común de los ciudadanos.

5.La disminución de la calidad democrática.

La democracia tiene que ver, muy fundamentalmente, con la igual capacidad de influencia política (“un hombre, un voto”) y con la efectividad del control democrático. Dos exigencias que el nuevo modelo autonómico está lejos de mejorar. El deterioro de la igual capacidad de influencia política se refleja en la violencia del principio de “comunidad relevante”, según el cual, sólo participan en las decisiones aquellos que se ven afectados por las decisiones. Las comunidades autónomas que disponen de competencias legislativas exclusivas –y “blindadas”-- que otras no tienen, votan dos veces: lo suyo y lo de todos. Votan sobre decisiones que no les afectan, mientras los demás nada tienen que decir sobre lo de ellos. No sólo eso. Esa doble capacidad de influencia contamina la calidad democrática de todas las decisiones, no sólo de las que atañen a la competencia exclusiva: un voto sobre asuntos que no tiene consecuencias para el que lo ejerce, se convierte en un voto irresponsable –incluso se podrá optar para los otros por propuestas opuestas a las que se creen correctas para sí mismos-- que se mercadeará al mejor postor, al que esté dispuesto a ofrecer más.

No andan mejor las cosas en lo que atañe al control democrático, supuestamente ahondado por la “proximidad” al poder político de los ciudadanos en las comunidades autónomas. Algo discutible. La proximidad relevante, y menos en el siglo XXI, no se mide en metros. Que la sede del Gobierno autonómico esté más cerca de mi casa que la del Gobierno central no me asegura un mayor control sobre el primero que sobre el segundo. Sucede con la democracia como con las recetas de cocina: si no están todos los ingredientes, no sirven. La cercanía geográfica no es la política. Es más, sin independencia de poderes o sin trasparencia, deteriora la calidad de la democracia. La proximidad ha producido el caciquismo, la connivencia con los poderosos, la corrupción y la asfixia de los discrepantes. La independencia se dificulta y el sistema de pesos y contrapesos, de mutua vigilancia, se entumece. No es historia antigua. Basta la experiencia catalana de apenas un mes (un presidente del Parlament –entre otros— que amenaza al Tribunal Constitucional con una crisis de Estado si sus resoluciones no le gustan; el rechazo de mociones parlamentarias que piden el cumplimento de la ley; dos propuestas de referéndum ilegales en el Parlamento), para reconocer señales inequívocas de empeoramiento de la democracia, de falta de control, de escrutinio y de responsabilidad. En buen hacer democrático ese tipo de sucesos darían lugar a la exigencia de cuentas políticas y dimisiones o, cuando menos, a la crítica a los poderes públicos por parte de “la sociedad civil”. Nada de eso ha sucedido, ni ahora ni antes, con casos no menos graves. La proximidad del poder tiene mucho que ver con ello. Así, unos medios de comunicación controlados de diversa forma por los poderes públicos –por públicos, por dependencia económica, o por simple trama social-- describen la situación política como un “oasis” y tales actuaciones ni siquiera son objeto del debate público, cuando no se descalifica a quienes recuerdan –sobre todo si “son de fuera”-- que suceden tales cosas u otras no menos graves, como las diversas formas de penalización (comercios, escolarización) lingüística, hasta el punto de que se considera un problema no lo sucedido, sino la noticia (“crispadora”) sobre lo sucedido.

***
La acción de gobierno del PSOE se ha revestido de grandes palabras. Se ha presentado como resultado de una genuina renovación estratégica y se han invocado tesis de supuesta hondura política (la “España plural”, por ejemplo) o filosófica ( “el multiculturalismo”). Una mirada atenta a la secuencia de los acontecimientos seguramente mostraría que, en realidad, hay menos planificación que improvisación, tanto en el origen (la oferta de la reforma estatutaria busca romper los pactos políticos entre CiU y el PP como en lo que ha venido más tarde (la carrera de los estatutos). Más allá de la hojarasca decorativa, el “proyecto” no parece responder a ninguna consideración estratégica medianamente vertebrada normativamente. Sólo necesidades de supervivencia política, alianzas circunstanciales, ingeniería electoral y mercadotecnia política.

En principio, no hay nada nuevo en ello. En política, como en la vida, es común revestir como decisiones meditadas lo que responde a simple oportunidad. Lo malo es que en ese juego se han tomado decisiones importantes, difícilmente reversibles y que han acabado por debilitar la realización de cualquier proyecto socialista, incluido el más tibio. Con todo, acaso no sea eso lo peor, sino la falta de limpieza intelectual con la que se ha abordado la operación. Uno se puede desviar del camino, pero a sabiendas, sin ignorar lo que en ello hay de resignación o de tregua, sin olvidar adónde quiere ir. Pero eso resulta imposible cuando se recrean y dignifican la debilidad y el desnortamiento. Es lo que ha sucedido con un PSOE para el que los principios no inspiran la política de alianzas sino que los principios se han modificado para justificar las alianzas. No es extraño entonces que, al final, de tanto repetirla acabe por convencerse de su propia fanfarria.


El Noticiero de las Ideas
03 julio 2007

Por Félix Ovejero Lucas, profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona (EL PAÍS, 28/06/07):

¿Que pintan los nacionalistas en las Elecciones Generales?

Cachorros nacionalistas con el cerebro lavado o metafóricamente lobotomizados en escuelas, asociaciones, y centros educativos de Cataluña, a base de dogmas, consignas y adiestramiento sectario, entierran la constitución española.


¿Que pintan los nacionalistas en las Elecciones Generales?


A mi entender, la máxima que mejor ha definido históricamente la esencia del socialismo es la que dice: -"Proletarios del mundo uniros." Me explico.

El socialismo es en los fines perseguidos una doctrina de carácter totalitario. Las fronteras a su entender son ideológicas y sólo existen para ser derribadas; pues la supervivencia del movimiento así lo exigía. Por tanto, la entelequia socialista no puede admitir postulado separatista alguno. Analizando la historia pasada y a la realidad presente de los países que introdujeron doctrinas socialistas en su arquitectura de modelo estatal no se encuentran conductas en sus dirigentes que haga pensar lo contrario. Sólo en los regímenes democráticos modernos, prácticamente en Europa nada más, han podido coexistir conjuntamente portadores de ideologías de todo corte y confección; y, ello, por la necesaria existencia, para concurrir a los diferentes sufragios, de formaciones políticas, con proyectos concretos más o menos influenciados por doctrinas políticas históricas pero que deben su existencia a una determinada masa de votantes fieles en las urnas. Sólo aquí, en los regímenes democráticos, la esencia del juego democrático, que debe exigir a sus políticos ser demócratas por encima de ser afiliados, es donde se dan las circunstancias que permite la sustanciación de una nueva raza de políticos que muestran su verdadera forma de pensar, por lo general más personal que doctrinaria, sólo si se ven obligados; entonces, el Poder deja de ser un Medio para convertirse en un Fin en si mismo. Bajo este prisma el totalitarismo esencial a las prácticas socialistas se convierte en un estorbo a eliminar, dando paso a sacrílegas uniones. Aunque la suma de elementos socialistas, nacionalistas y radicales para compartir el Poder compartiendo los votos obtenidos por cada cual en las urnas, dejando de paso fuera de juego a los conservadores, sólo se ha dado en España y en dos ocasiones: durante la Segunda República y durante la actual Monarquía Parlamentaria.



Pero, y los Nacionalismos. Los movimientos nacionalistas son, por definición, separatistas, luchan por independizarse de un ente superior dominante por lo que su lucha, además de gozar de una cobertura doctrinal, diferente en cada caso, se basa principalmente en hacer todo el daño posible al enemigo dominante, para lo que no dudan en emplear la Violencia como rutinaria tarjeta de representación. El nacionalista que participa con su voto en elecciones centralistas es como el anarquista ateo recalcitrante que todos los domingos y fiestas de guardar gusta de ir a misa. ¿Tiene sentido esto? Por supuesto. Sólo que bajo el prisma nacionalista. La historia enseña que los movimientos nacionalistas, otrora también conocidos como "románticos", obedecían a los intereses de burgueses en busca de los privilegios que sustenta la clase dirigente del odiado Gobierno centralista, el afán de poder, con sus respectivas prebendas, condiciona credos ideológicos y, por ende, políticos. Lo primero que conoce el Nacionalismo, fuese cual fuese su naturaleza intrínseca, es la deuda que tiene su existencia con el Estado Central al que dice oponer. El Nacionalismo más que romántico es ante todo práctico. Persigue situaciones aparentemente independentistas, en la retórica, pero crematísticos en la práctica. Por experiencia histórica los nacionalistas conocen que el triunfo de los planteamientos retóricos independentistas, conllevaría la desaparición del movimiento nacionalista como tal. Con la independencia el nacionalismo se convierte en centralismo sin más, siendo consecuencia a sacar de la independencia que los privilegios ansiados dejan ya de ser y costeados por el anterior Estado Central corriendo los gastos a cuenta del tendrían que ser costeados por los nuevos estadistas. El nacionalista conoce que la mejor manera de medrar es, permitan la analogía mafiosa con el chantaje y la extorsión siempre presentes en la coexistencia diaria, que pretenden eterna pues lo contrario sería su suicidio, con el opresor Estado Central, aprovechando los resortes del Poder Central, en su provecho.

Un ejemplo gráfico de lo aquí expuesto que, a mi entender, explicaría la presencia de personajes que se erigen defensores de una izquierda socialista, que me parece históricamente por definir, y ocupan puestos de gobierno en alianzas con causas nacionalistas , lo constituye Sicilia y la historia de la Mafia. La Mafia siciliana, desde el principio de su existencia, hasta la década de los noventa del pasado siglo XX que se quito la careta, puso todo su poder de disuasión, en aras de la ambigüedad, en difundir una leyenda, confusa de contenido, en la que se resalta el hecho mafioso como rasgo característico de la personalidad profunda siciliana; es decir, la mafia no existía como la Honorable Sociedad, existía como forma de histórica de comportamiento de los sicilianos respondiendo a los invasores de turno. La Honorable Sociedad utilizo a su antojo en su provecho el sentimiento nacionalista siciliano como arma arrojadiza contra el Estado Italiano Central; dándose ocasiones principales la de después de la unificación italiana de Garibaldi, nacimiento de la actual Italia, y tras la ocupación de Sicilia por las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial; en esta última ocasión, la pretensión siciliana por independizarse de Italia conllevaba el afán de ofrecerse a formar parte como un nuevo estado satélite de los Estados Unidos. Dejando aparte los folclóricos detalles anteriores, la Mafia siempre ha contado en principal afán conseguir el control completo del Estado Italiano y sus recursos; para lo que no duda en apoyar a todos los partidos políticos existentes, cristianos, conservadores, social demócratas, socialistas, comunistas, radicales y los mentados nacionalistas, infiltrando la corrupción en ellos hasta conseguir el dominio de sus resortes de poder para asegurar el reparto del "Pastel Público entre los amigos de los amigos."


Un amigo de L' Hospitalet

Los Ciudadanos y el Partido de la Ciudadanía también pedimos el derecho a decidir

Claro, clarinete, lo deja Antonio Robles en este video. Los ciudadanos y el Partido de la Ciudadanía también pedimos el derecho a decidir sobre todo lo que concierne a los catalanes. Casi todas las competencias del estado español están transferidas a la Generalitat, y disponen de nuestros impuestos a su antojo, más de 35.000 millones de euros. Queremos decidir, qué la televisión pública no se gaste 604 millones euros, qué deje de hacer soberanismo, queremos decidir en qué lengua han de estudiar nuestros hijos, cómo quiero rotular, que de los presupuestos, se hagan más metro o más líneas de cercanías, en vez de seudoembajadas o subvenciones lingüísticas e identitarias.

La costra nacionalista del PSC

El socialista Joan Ferran se ha bajado un tiempo del burro -- veremos lo que aguanta con los pies en el suelo -- y ha denunciado la «costra nacionalista» de los medios de comunicación públicos, lo que ha provocado la ira de ERC y del propio Jordi Pujol, que le tildó de «sectario». ERC y sus maleducados jovenzuelos han calificado a Joan Ferran de «doberman reaccionario» por decir lo que todo el mundo sabe, y ve.

Joan Ferran ha expresado una verdad como un templo, pero, ¿por qué dice esto ahora, siendo el PSC descaradamente nacionalista?. Antonio Robles, Diputado en el parlamento catalán por C’s lo explica detalladamente.


La costra nacionalista del PSC


La que ha liado Joan Ferran, diputado y portavoz adjunto del Partido Socialista de Cataluña. Se puede decir más alto, incluso más claro, pero viniendo de un socialista, lo que ha dicho ha bastado para producir un terremoto político. Ha acusado a los medios de comunicación públicos catalanes de estar al servicio de la "construcción de la patria nacionalista". Y dado que pide una TV3 y una Catalunya Radio "neutral, objetiva, plural, informativa y sin sesgo partidista" concluye que "hay que arrancar la costra nacionalista de las emisoras de la Generalitat". "A buenas horas, mangas verdes", podríamos reprocharle, pero como quien no se conforma es porque no quiere, prefiero recibir su tardía e interesada acometida contra el activismo nacionalista del periodismo orgánico con un "nunca es tarde si la dicha es buena".

La reacción de los amos de la masía ha sido inmediata. Todos los partidos, medios de comunicación públicos y el propio Colegio de Periodistas de Cataluña salieron raudos a criminalizar sus declaraciones. Artur Mas, de CiU, se mostró "literalmente escandalizado"; Joan Ridao, de ERC, las consideró "inaceptables, desleales, sectarias y antidemocráticas"; Jaime Bosch de ICV-EUiA, percibió los comentarios "desafortunados, equivocados e injustos"; el Conseller de Cultura, Manuel Tresserras, las juzgó "desafortunadas" e "injustas"; y, mientras el Colegio de Periodistas de Cataluña da su apoyo a los periodistas de TV3 y Catalunya Radio, estos han arremetido contra las críticas de sectarismo en los medios públicos que dirigen con el temor de que se esté preparando una "caza de brujas" contra ellos. Vamos, lo de siempre: quienes a diario persiguen a quienes no comulguen con sus delirios nacionalistas hablen o no catalán –y si son castellanohalbantes, además los echan de los medios que pagamos todos– arremeten contra el mensajero con absoluta buena conciencia y el victimismo de siempre.

Tienen razones para ponerse a la defensiva: han construido unas plantillas de periodistas cuya máxima virtud profesional es ser activistas de la construcción nacional. Su lenguaje está diseñado para que desaparezca la palabra España y Cataluña se confunda con una nación oprimida por el nacionalismo castellano. Imponen sus técnicas de vaciado informativo de personas, ideas, organizaciones y acciones que no encajen en la realidad virtual no sólo en los medios sino también en escuelas a través de periódicos subvencionados por la Generalitat. Repiten lugares comunes donde el periodista disidente calla y obedece. Exaltan lo mínimo, si lo mínimo encaja en Matrix. Son la correa de transmisión natural entre la política nacionalista y las direcciones de los informativos. Todo esto hace que el trabajo periodístico parezca más un plan de desafección contra España que una empresa de información, de modo que más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña nos sentimos excluidos y agredidos por él. Les recomiendo vivamente la entrevista, no porque diga cosas que no hayamos denunciado antes, sino porque lo dice un diputado del partido que gobierna Cataluña.

Pero no se hagan ilusiones, que la crítica tiene truco. Las razones por las que el socialista Joan Ferran ha saltado por peteneras no son las mismas por las que el PPC y Ciudadanos las apoyan. Dos causas inmediatas tienen la culpa: la elección de los doce miembros del Consejo de Gobierno de la recién aprobada ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y la proximidad de las elecciones generales.

Para los socialistas, el futuro será peor que el presente, pues el reparto político de ese Consejo de Gobierno de la CCMA les dejará en franca minoría respecto a los nacionalistas. No olviden que a CiU le corresponde al menos un miembro más que al PSC, pero si además sumamos los que le corresponden a ERC, la mayoría nacionalista dentro del Consejo de Gobierno está asegurada. Ya sé que dichos cargos deberían ser neutrales. Sí, ya lo sé. Esa milonga me la repitieron muchas veces en la ponencia de la ley cuando todavía era un proyecto. Incluso les llegué a proponer que hubiera 23 miembros para que matemáticamente Ciudadanos pudiera estar representado, pero siempre me contestaban muy afectados: "No, no, el consejo ha de estar compuesto por profesionales independientes y neutrales". Ya ven, llevan días peleándose para ver quién coloca a más de los suyos.

Por otra parte, las elecciones de marzo están a la vuelta de la esquina y, mal que bien, el actual presidente de la Corporación Catalana de Radio Televisón que será sustituido por la CCMA es Joan Majó, socialista. Si logran retrasar la designación hasta después del 4 de marzo, eso es lo que ganan. Por otra parte, marcan el territorio para que ninguno de los gurús nacionalistas señalados indirectamente en la entrevista pueda presidir el Consejo de Gobierno.

Hay una tercer causa menos concreta, pero cierta. Ante las elecciones, han de sacar la virgen para que haga llover votos. En este caso la virgen se llama criticar a los nacionalistas para disimular que ellos también lo son. Vamos, como hacen cada vez que vienen unas elecciones; de pronto, empiezan a hablar en castellano para dejar de hacerlo al día siguiente de la votación. O sacan a pasear al PSOE en las elecciones generales para atraer el voto obrero y español de la inmigración, pero inmediatamente después de las elecciones reniegan de él y lo sustituyen por la exaltación de la C de Catalunya en las siglas del PSC. Curiosa contradicción, un partido socialista que oculta su condición de obrero para exaltar su condición catalanista. ¿Quién ha de quitarse una costra nacionalista, señor Ferran?

Hasta aquí, las guerras entre los herederos de la masía, o sea, entre los miembros del PUC: Partido Único Catalanista (CiU, ERC, PSC y ICV-EUiA), o sea, entre el 35 % de la población de Cataluña que vota elección tras elección y ocupa la casi totalidad del Parlament. Pero quizás lo peor de esta historia de herederos en guerra sea la impostura socialista al denunciar hoy lo que han estado ayudando a fabricar ellos durante las últimas dos décadas.

Son ellos, los socialistas y el resto de la izquierda, los que impusieron la inmersión y el monolingüismo en la escuela en los primeros ochenta cuando CiU se conformaba con la doble red escolar. Son ellos, los socialistas, los que en esta legislatura quieren redoblar esa inmersión lingüística para hacer desaparecer el castellano hasta en los patios de recreo. Son ellos quienes han presidido la Corporación Catalana de Radio Televisión los últimos cuatro años, los peores desde un punto de vista de construcción nacional desde que se inauguró TV3 y Catalunya Radio. Son ellos los que han permitido que se emitan reportajes tendenciosos sobre Terra Lliure, los que han permitido que cada mañana en Catalunya Radio se den arengas nacionalistas, los que filtran las intervenciones de los oyentes en función de si son nacionalistas o no, o si hablan castellano o no. Son ellos los que siguen permitiendo que el mapa del tiempo oculte el que hace en el resto de España y, de paso, se borren sus perfiles. Son ellos los que podrían impedir que cada día haya tertulias donde el 90 o el 100% de los participantes sean soberanistas. Son ellos los primeros en imponer multas por la utilización del castellano en establecimientos comerciales. Son ellos, los socialistas, los que gobiernan en coalición con independentistas que utilizan presupuestos millonarios para subvencionar series de televisión con Portugal que exalten el independentismo catalán, inventarse embajadas camufladas en el extranjero o subvencionar el odio a España a través de cientos de organizaciones nacionalistas. Ha sido, finalmente, el propio presidente de la Generalitat, el señor Montilla, quien ha ido a Madrid a difundir el cuento ese de la desafección de los Catalanes a España.

Han sido y son los socialistas catalanes quienes por acción y, sobre todo, por omisión, han dejado que el nacionalismo se haya adueñado del discurso de nuestros maestros, de nuestros jóvenes y de nuestros medios de comunicación. Esa actitud de colaboración y dejación les ha empezado a pasar factura: mientras el nacionalismo ha ido agrandando su espacio, ellos, los socialistas han ido reduciendo el suyo y el de todos los que no son nacionalistas. Ahora, si quieren seguir pintando algo entre los herederos de la masía, han de jugar en espacio nacionalista con el lenguaje nacionalista. Ningún inconveniente para quien lo es, pero un suicidio histórico para quienes no. Ya no hay otro espacio, el resto es vacío o abismo; es aquí donde nos han obligado a jugar a Ciudadanos y a populares. Y el futuro será peor si no siguen la estela marcada por su diputado Joan Ferran. Lo he escrito cuarenta veces, y un día de estos será ya demasiado tarde.

Ciertamente, hay que arrancar la costra nacionalista de TV3 y Catalunya Radio, pero antes han de empezar ellos, los socialistas, a quitarse la suya, que es la peor por ser de camuflaje.

07 diciembre 2007, Libertad digital, Antonio Robles