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martes, 21 de octubre de 2008

SANIDAD PÚBLICA PARA EL MEJOR POSTOR



























El PP Y PSOE funcionan unidos como uno solo cuando pueden hacer negocios.

La próxima vez que vaya a un hospital y le tengan seis horas en urgencias, acuérdense de estas líneas. Si se atreven con lo más sagrado, que es nuestra salud, ¿qué se se atreverán a hacer con el resto...? ¿Que será lo siguiente? ¿Policía privada? ¿Jueces de España, S. A.?

(3-10-08) - 11 años después de la apertura de la sanidad pública al capital privado gracias a la Ley 15/1997, aprobada por el PP, PSOE, PNV, CC y CiU, la Comunidad de Madrid renueva su ofensiva contra los servicios públicos.

"Conozca las peculiaridades del nuevo pliego de condiciones administrativas particulares del nuevo Plan y aproveche las oportunidades de negocio para su empresa" con este lema presentó, en el hotel Ritz de Madrid y bajo el módico precio de 1.200 euros por asistente, la Comunidad de Madrid el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011. Todo ello organizado por Unidad Editorial, empresa matriz de El Mundo, Expansión y Marca, que en breve organizará otras conferencias como Plan Sanitario horizonte 2015 en Cataluña o La Nueva Ley de Contratos del Sector Público en la Generalitat Valenciana.

Un acto patrocinado por Ribera Salud, compañía pionera en la gestión privada de hospitales públicos desde 1999 en Valencia, y Atos Origin, consultora tecnológica con más de 15 años en la sanidad española y que se ha visto favorecida por la externalización de "la informatización sanitaria que se ha dejado en manos del sector privado", según la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (FADSP).

11 años de unión PP-PSOE

Desde que en 1997 se aprobara la Ley 15/1997 en el Congreso, la sanidad se ha convertido en una "inversión sin riesgo y garantizada durante décadas", denuncia la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CASmadrid). Diez años después se dejan notar las consecuencias. Pero, en su afán privatizador, ni Esperanza Aguirre ni el PP están solos.

Si el PSOE apoyó la ley de 1997, un año después, y en esta ocasión en el Senado, el Partido Socialista se opuso a la transformación de los hospitales, por aquel entonces del Insalud, en fundaciones privadas. Pero, tras la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la legislación no se ha cambiado. De hecho, el Ayuntamiento de Parla, encabezado por el nuevo líder socialista madrileño, Tomás Gómez, cedió en 2001 a la Comunidad el terreno para uno de los nuevos hospitales con gestión privada. Una situación que 11 años después se debatirá de nuevo en el Congreso de los Diputados, a raíz de dos iniciativas de Izquierda Unida. Aunque la coalición tampoco se libra de este proceso, ya que a través de su participación en gobiernos como los de Catalunya y Baleares también se ve salpicada por el afán privatizador de la sanidad pública. En esta situación, y bajo la modalidad de Iniciativas de Financiación Privada se gestionan los centros de Bajo Llobregat (Catalunya) y Son Dureta (Baleares).

Ni mucho menos el verano ha sido de descanso. Tanto las protestas, como el trabajo de los diferentes colectivos en defensa de la sanidad pública no han cesado, ni el interés privatizador de la administración 'pública' de Aguirre. El 31 de julio la Comunidad publicaba una resolución con las instrucciones para el nombramiento y la contratación del personal temporal. Y con la excusa de "la situación excepcional que se ha producido en la Comunidad de Madrid con la apertura de siete nuevos hospitales", han justificado "el traslado de cargos a dedo sin pasar por tribunales, así como la externalización de la mayoría del personal no sanitario o el despido de trabajadores con contratos por obra y servicio", explica Juan Antonio Gómez Liebana de CASmadrid.

Si las protestas han recorrido diferentes zonas de la región, el 23 de septiembre se unificaron y masificaron frente al hotel Ritz. Un acto al que acudieron más de 3.000 personas, que denunciaron "la venta de la sanidad pública" : cuatro nuevos hospitales, las reformas de los hospitales más importantes de la capital y más de 55 ambulatorios. Pero, en el interior del hotel, la Comunidad no quiso soltar prenda sobre los nuevos ambulatorios, según Adolfo García (PSOE), concejal de Rivas Vaciamadrid, quien asistió al acto para informarse sobre las novedades del nuevo centro que la Comunidad debería inaugurar en 2009 en la ciudad ripense. "Al preguntarles por los nuevos ambulatorios, nos respondieron que no nos iban a contar nada", reconoce García. Además, la Comunidad reconoció que no se ha evaluado el rendimiento de los nuevos hospitales, pero que en los cuatro próximos que se construirán se dará un paso más en el proceso privatizador, las concesiones administrativas.

Además, tras las reformas en el Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Móstoles, La Paz y 12 de Octubre también se privatizarán todos los servicios no sanitarios, como en los últimos hospitales inaugurados. Mientras el Sindicato Asambleario de la Sanidad puntualiza que el objetivo no es tanto vender los centros de salud, sino modificar su función "de puerta de entrada al sistema sanitario, a muro de contención y reducción del gasto a través del recorte de los costes", a semejanza de situaciones que ya se viven en Catalunya o en la Comunidad Valenciana. En el área de Torrevieja, ofrecen hasta 2.000 euros al mes en incentivos al personal facultativo de atención primaria en función de la reducción de las derivaciones a especialistas.

¿Más calidad en la atención ?

"Los hospitales más nuevos son los que más denuncias por negligencia están sufriendo últimamente. La asistencia no es la misma, no hay profesionales suficientes ni adecuados para la cantidad de pacientes", denuncia Carmen Flores, presidenta de la Asociación el Defensor del Paciente. Según una circular interna de la propia Consejería madrileña los nuevos hospitales públicos (San Sebastián, Vallecas, Parla, Coslada, Valdemoro, Arganda Aranjuez y Majadahonda) no tratan en urgencias 18 patologías habituales como politraumatismos, quemaduras de grado mayor o neurocirugías. Tras las primeras atenciones, estos pacientes son trasladados a centros como La Paz, 12 de Octubre, Clínico y Ramón y Cajal.

Además, estos ocho centros inaugurados tienen una media de 1,2 camas por mil habitantes, muy lejos de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, entre 8 y 10. Incluso la tercera parte de la media de la región madrileña que se sitúa en 3,48. "Además, los nuevos hospitales no han significado un incremento ni de personal ni de camas. En los antiguos hospitales se han reducido tanto camas como personal", explica Gómez.

Artículo extraído de http://www.kaosenlared.net/

jueves, 17 de julio de 2008

¿Diecisiete sistemas distintos de salud?



























PEDRO REY BIEL / JAVIER REY DEL CASTILLO

De forma predecible, tras las elecciones generales, uno de los primeros problemas planteados es el de la financiación autonómica, cuyos fallos eran evidentes hace tiempo. Parece como si todos los partidos hubiesen considerado que abrir este debate antes perjudicaría sus perspectivas electorales, y sólo ahora comienzan a definir sus posiciones en el mismo. Las modificaciones producidas en algunos estatutos de autonomía o la publicación de las balanzas fiscales son algunos ejemplos de los planteamientos que están ahora sobre la mesa. Faltan, sin embargo, planteamientos globales que superen las aspiraciones de cada comunidad autónoma a mayores niveles de autofinanciación. Por ejemplo, se olvida que, desde el acuerdo sobre el sistema de financiación de 2001, la financiación autonómica debe contribuir también al sostenimiento de aquellos servicios públicos esenciales a los que los ciudadanos tienen derecho universal de acceso en condiciones de igualdad. Entre ellos, destacan los servicios sanitarios.

España es, junto con el Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, Suecia e Italia, uno de los pocos países desarrollados con cobertura universal del derecho a la protección sanitaria y a la vez una organización política federal o descentralizada. En estos países, los servicios sanitarios cumplen un doble papel: por un lado, actúan como elemento de cohesión social. Por otro, permiten el ejercicio descentralizado de su gestión justificando, como ocurre en España, cerca del 40% de la financiación de cada región. Muchos de estos países alcanzaron primero un alto nivel de organización descentralizada, y sólo más tarde desarrollaron un sistema sanitario universal. En España, el proceso ha sido inverso. Como consecuencia, nuestros servicios sanitarios, más aún su financiación, no están planteados principalmente como instrumentos de cohesión, sino como un mecanismo al servicio de la identidad territorial. Si se quiere que en España la financiación sanitaria sea, además de una fuente principal de ingresos de cada comunidad, la base de la universalidad, equidad y "portabilidad" territorial de la protección sanitaria, son necesarias modificaciones importantes en el sistema autonómico de financiación que nos asemejen a los países comparados. Las principales características de estos países son:

1. El Gobierno central tiene un papel activo como garante del mantenimiento de las condiciones universales y equitativas de la protección sanitaria, sustentado en su poder de gasto (spending power).

2. Existen mecanismos de redistribución de los ingresos fiscales, de forma que los ciudadanos puedan recibir servicios semejantes sin soportar niveles impositivos diferentes.

3. La financiación sanitaria tiene un carácter finalista marcado. La financiación sanitaria inespecífica, en forma de "transferencias en bloque", como ocurre en España, incapacita al Gobierno central para orientar las políticas sanitarias de los gobiernos regionales.

4. La distribución de la financiación sanitaria entre entidades regionales se asienta en criterios poblacionales y tendencias históricas de gasto. Nunca, como en España, en el cálculo de "necesidades sanitarias" diferenciales, claramente arbitrarias.

5. Se busca la igualdad en el acceso a los servicios, nunca la igualdad en financiación sanitaria regional per cápita.

6. Veto a la imposición de diferentes copagos impuestos por gobiernos regionales distintos para evitar desigualdades territoriales adicionales.

7. Se condiciona la recepción de parte de la financiación sanitaria al mantenimiento de ciertas condiciones de funcionamiento cohesionado del sistema sanitario.

Sin estas modificaciones es previsible que el sistema sanitario español se termine fragmentando en 17 sistemas distintos, cada uno con diferentes niveles de protección, y en exclusiva para su propia población. Del aumento del gasto global que generaría tal evolución es muy probable que se derivase la búsqueda de fuentes adicionales de financiación, entre ellas, el recurso a las aportaciones personales privadas de distinto tipo. Con ello, el incremento de las desigualdades sociales en la cobertura sanitaria rompería el papel primordial que los servicios sanitarios tienen como instrumento social de cohesión.


Pedro Rey Biel es doctor en Economía y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Javier Rey del Castillo, médico, fue secretario del Consejo Interterritorial del SNS. Han publicado en el Laboratorio de Alternativas (www.fundacionalternativas.com) un trabajo del mismo título que este artículo.

06/05/2008 Tribuna

domingo, 6 de julio de 2008

C's rechaza las declaraciones de Güemes denigrando la sanidad pública madrileña que él mismo dirige

19/06/2008 Cs Agrupación Madrid

Ante las declaraciones del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, afirmando que "la sanidad madrileña puede permitirse tener a los mejores especialistas tratando a los pacientes en los hospitales públicos (...) porque esos mismos médicos dedican parte de su tiempo a la sanidad privada, donde son mejor retribuidos", Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía manifiesta que:

Lo que sugiere es que el personal sanitario malvive del salario público, debiera tener la decencia que equipararlo al de otros países de la UE para evitar la emigración de profesionales al extranjero, en vez de privatizar ese servicio.

La visión del señor Güemes, asimilable a la fe en la beneficencia como soporte sanitario para quienes tienen menores recursos económicos, no tiene encaje en el Estado Social y Democrático de Derecho garantizado por la Constitución española.

La sanidad pública madrileña es motivo de orgullo para los ciudadanos de Madrid y cantera de los mejores especialistas.

Es precisamente su carácter público lo que le ha valido ese reconocimiento.

Por todo ello, Ciudadanos recomienda al Consejero que acuda a la sanidad pública para curar su miopía política antes de que curse en ceguera que no pueda paliar la privada.

C’s


Desde aquí, me uno a la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid. Yo, ya he firmado la derogación de la Ley/15/97 y cualquier otra que permita a las empresas privadas gestionar la sanidad pública.

Estoy convencido de que la sanidad pública no debe de estar condicionada ni gestionada por las decisiones de las empresas privadas. Estoy convencido de que la introducción del ánimo de lucro en la sanidad pública no mejora la eficiencia del sistema sanitario y, en cambio, sí reduce el gasto en profesionales y en la atención a los pacientes.

Jefe Rojo