Uno de los muchos vizcaínos huidos de la represión política vascongada y que vive en Cataluña desde hace 30 años me contaba la semana pasada lo siguiente. Tiene él un amigo, excelente profesional y persona bien situada, que adolece de un profundo sentimiento nacional y es separatista desde sus años universitarios. Ello no ha impedido en ningún momento que se lleve bien con el vasco, persona más bien escaldada en ese terreno y poco dada a la expansión patriótica. Sin embargo, según me dijo, el tono de las conversaciones ha ido variando a lo largo de este año que ahora termina. En su último encuentro, el educado ciudadano catalán le había dicho con gesto ufano que la independencia sería inevitable en un plazo de seis años y que tal era el cálculo de los partidos nacionalistas, no sólo los fanáticos y el de la derecha católica, sino también buena parte de los socialistas catalanes acomodados. Mi amigo tragó saliva y le preguntó si había planes, también, para ellos. “¿Para quiénes?”, preguntó el separatista. “Para los españoles que vivimos en Cataluña”. “¡Oh, por supuesto! Tendréis 20 años para elegir”. Mi amigo insistió, con una sonrisa, sobre qué era lo que tendría que elegir. Su colega dejó escapar una alegre carcajada, le dio unas palmaditas en el hombro y se fue hacia otra mesa.
Hay en Cataluña una masa significativa, quizás en este momento en torno al 20% de la población, que piensa muy seriamente como el caballero separatista y ocupa lugares estratégicos del sistema económico, mediático y político catalán. La cifra se ha multiplicado durante el Gobierno de Zapatero, precisamente por lo comprensivo que ha sido con las exigencias separatistas. Como saben bien quienes han conocido las peores etapas vascas, las concesiones sólo sirven para estimular las exigencias porque siempre se interpretan como debilidad. La consigna nacionalista dice que fue la intransigencia de Aznar lo que multiplicó a los separatistas, pero lo cierto es que ha sido Zapatero quien ha construido a Montilla y con Montilla llegaron los referéndums soberanistas. ¿Que no son vinculantes y que no llevan a ningún sitio? ¡Menuda simpleza! La política pública (otra cosa son los negocios subterráneos) es exclusivamente mediática y para los medios nacionalistas (que aquí son (casi) todos) Cataluña ya se ha volcado en la secesión.
Lo peligroso de la independencia no es el hecho en sí. ¿A quién le importa que de la noche a la mañana aparezcan en el mapa Macedonia, Croacia o Kosovo? Lo inquietante es el tipo de poder que se instala en esos reductos. Las “nacionalidades” de nueva creación son productos etiquetados con el sueño de una idealización, y el peso de su publicidad (en ausencia de guerra, las naciones se venden como mercancías) descansa sobre mitos o sobre sucesos que tuvieron lugar hace siglos. Como no puede ser de otro modo, los nacionalismos son muy conservadores, están anclados en el pasado y tienen una sólida base burguesa. Cada paso hacia la independencia trae consigo colosales negocios locales. Así es el nacionalismo franquista, el lepenismo francés, el de la Liga Norte o el de los xenófobos septentrionales. Nadie ha conocido jamás un nacionalismo obrero. Frente a esta evidencia, los separatistas suelen aducir el nacionalismo de las viejas colonias como Cuba o Argelia y sus derivados tipo Chávez. Me parece más prudente no pisar ese charco de sangre.
El neonacionalismo actual, como el catalán o el vasco, pertenece al conjunto de presiones derechistas que quieren acabar con los restos cívicos de la Transición. Es un regreso a la sociedad pre-democrática controlada por los poderes feudales regionales mediante la secular alianza del campesinado con la oligarquía. De ahí la importancia que tiene entre los separatistas la palabra “pueblo” y la escasa atención que dan al término de “ciudadano”. De ahí también la constante animización mágica del catastro, “Cataluña exige, Cataluña ha dicho, Cataluña ha decidido…”, o la obsesión con el folklore inventado por las élites regionalistas del romanticismo. Y no es de extrañar que el primer referéndum independentista del pasado domingo se celebrara en un pueblo de 120 habitantes. Su independencia es ontológica, o sea, no tiene remedio. Es el símbolo supremo de la nación añorada: agraria, montañesa, minúscula, la puede gestionar un párroco.
Ahora bien, la independencia real, lo que suele denotarse con el término “soberanía” que tanto usan los nacionalistas catalanes, significa asumir la plena capacidad legal para declarar el estado de excepción, según la clásica definición de Carl Schmitt. Son muy recomendables las reflexiones de Giorgio Agamben comentando a Walter Benjamin sobre este punto en el recién traducido El poder del pensamiento (Anagrama). Suspender la legalidad vigente de modo legítimo es lo propio del soberano, sea éste una persona o una institución. De hecho, los nacionalistas de Montilla ya están legalizando a toda prisa un Tribunal Constitucional catalán para cuando suspendan la Constitución española. No sabemos, de todos modos, si estos soberanistas están dispuestos a plantear el estado de excepción prescindiendo de un Ejército de respaldo y contando tan sólo con la presión mediática y económica. Se han dado escisiones pacíficas, como la de la nación llamada Eslovaquia, y es posible que un proceso semejante pueda aplicarse en el futuro a Chipre para separar a turcos de helenos, pero creo dudoso que sirva para España, aunque sólo sea porque en otras regiones hay un nacionalismo español tan radical como el catalán o el vasco y de similar ideología. Es cierto que está permanentemente controlado y apenas representa peligro alguno, pero dudo de que se quede sentado mirando la tele cuando se le arranque una cuarta parte de lo que él considera que es su nación.
En cambio, el caso vasco lleva camino de emprender otro derrotero mediático a partir de la expulsión del PNV de los resortes económicos del Gobierno autonómico, aunque no de todos. Allí, los socialistas han tomado una posición coherente con la tradición de la izquierda europea y, de momento, mucha gente respira aliviada por primera vez desde hace medio siglo. La peculiaridad del caso catalán es que el partido socialista (que escribe su logo con esta grafía: psC para subrayar que son más catalanes que socialistas) era el órgano que debía corregir la deriva conservadora, constituida en verdad como un movimiento nacional en consonancia con la herencia rural y oligárquica del nacionalismo catalán. Sin embargo, y contra toda la herencia ilustrada, progresista o revolucionaria del partido, los socialistas catalanes (en realidad, tan sólo su acomodada cúpula dirigente) han asumido en los últimos cinco años los mitos del nacionalismo conservador y rural, su lenguaje se ha vuelto casi exclusivamente sentimental y apenas se distingue del de sus socios separatistas.
Este giro derechista del socialismo catalán, no obstante, parece compartido por el Gobierno de Zapatero, cuya errática e improvisada política va deslizándose paulatinamente hacia posiciones de una irracionalidad incompatible con la experiencia del socialismo europeo. Un populismo, una obsesión por el espectáculo, una cerrazón sectaria, una frivolidad moral, que han otorgado fuerza inesperada a las oligarquías regionales sin obtener absolutamente nada a cambio. Este periodo de gobierno socialista se cerrará con tan sólo dos leyes que puedan considerarse más o menos progresistas: la que permite el aborto de las adolescentes sin permiso paterno y la que concede el matrimonio a las parejas homosexuales. Las pérdidas, como es evidente, tienen otro monto. El balance es desolador.
Quién nos iba a decir a quienes fuimos votantes del socialismo catalán que algún día sentiríamos envidia del País Vasco. Y quién nos había de decir que serían los socialistas catalanes quienes precipitarían en el descrédito al socialismo español.
Félix de Azúa .
